El último eslabón de una carrera contra el tiempo: ¿Qué rol clave asume el nuevo fiscal federal?
Después de años de espera y trámites, un acto administrativo clave cierra el círculo en la justicia federal local. ¿Qué cambios traerá esta designación oficial y cómo impactará en las investigaciones más complejas?
Tras años de trámites y una habilitación clave en marzo, la Procuración General de la Nación completó el esquema judicial federal en San Miguel de Tucumán con la designación oficial de un fiscal titular. Esta decisión, plasmada en la Resolución MP 72/2, marca el fin de un proceso que buscaba aliviar la carga de los tribunales locales y garantizar la legalidad en causas complejas.
El 31 de marzo, la Corte Suprema había dado un paso crucial al habilitar al magistrado José Manuel Díaz Vélez y crear 42 cargos administrativos para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3. Sin embargo, faltaba la pieza del Ministerio Público Fiscal para que la estructura funcionara en su totalidad.
Con la firma del Procurador General interino, Eduardo Casal, se designó oficialmente a José Agustín Chit como el fiscal federal titular que actuará ante este nuevo estrado. Chit, cuya designación por decreto presidencial ya estaba firme desde 2021, asumirá en una jurisdicción reconocida por su alto volumen de causas vinculadas al narcotráfico y delitos complejos.
¿Por qué era tan urgente esta habilitación?
La puesta en marcha de este juzgado federal no fue un acto aislado, sino una respuesta a una necesidad apremiante de infraestructura judicial. Informes de la Administración General del Poder Judicial habían establecido finales de marzo como fecha límite para la instalación de puestos de trabajo y conectividad tecnológica.
Hasta hace poco, el propio magistrado Díaz Vélez debía subrogar el Juzgado Federal N° 2 mientras se esperaban estas definiciones presupuestarias. La saturación en la agenda de los tribunales federales de la provincia hacía imperativo completar el circuito judicial.
¿Qué implica la resolución de la Procuración?
La Resolución MP 72/2 no solo nombra al fiscal, sino que instruye a las áreas de administración de la Procuración para que provean el soporte técnico y edilicio necesario. Esto permitirá que la fiscalía opere en sincronía con el juzgado, asegurando que ambos componentes marchen a la par.
Este paso final se considera la culminación de un proceso que une la Ley 26.885, la acordada de la Corte Suprema y la disposición reciente de la Procuración General de la Nación. Con ello, se espera que la nueva estructura judicial federal en San Miguel de Tucumán comience a funcionar plenamente, abordando casos que requieren una atención especializada y descomprimiendo la carga existente.
