El ultimátum de los gobernadores que hizo tambalear la ley ómnibus

La amenaza de los gobernadores del Norte Grande fue decisiva: sin el capítulo de tierras, no hay votos. La advertencia resonó en la Casa Rosada y obligó al oficialismo a dar marcha atrás con la reforma que habilitaba la extranjerización de tierras rurales.

Según fuentes parlamentarias, Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) fueron los primeros en plantar bandera. Su mensaje fue contundente y coordinado: si el proyecto de ley de propiedad privada incluía la modificación del régimen de tierras, la sesión en el Senado, prevista para este miércoles, corría riesgo de fracasar.

¿Qué decía el capítulo que desató la polémica?

La iniciativa buscaba modificar el marco legal que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un punto que generó un fuerte rechazo en varias provincias. Los gobernadores argumentaron que ponía en riesgo el control territorial y los recursos estratégicos de cada distrito.

La senadora nacional Flavia Royón, referenciada en Sáenz, fue una de las primeras en manifestar su rechazo público. Su postura anticipó el clima de resistencia que se extendió entre los bloques provinciales, dejando al oficialismo sin margen para sostener la iniciativa.

La escalada de rechazos

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, fue el primero en expresarse públicamente a través de un video en sus redes sociales. “Lo que amamos no se vende. Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos”, afirmó.

Por su parte, Osvaldo Jaldo ratificó que las senadoras de su espacio votarían en contra del proyecto. “Creo que la gente puede venir a invertir; lo que no puede venir es a apropiarse de nuestras tierras”, sostuvo, y recordó las luchas históricas por la independencia argentina.

El neuquino Rolando Figueroa también fijó posición: su espacio no acompañará iniciativas de ese tipo. Además, destacó que en su provincia impulsa una legislación para fortalecer la protección de las tierras, postura que mantendrá en el plano nacional.

Finalmente, el Gobierno nacional decidió retirar el capítulo cuestionado para preservar el resto del proyecto, una medida que evidencia el peso político de los mandatarios provinciales en la negociación legislativa.