El ultimátum de Llaryora al Gobierno por el Presupuesto 2027: "No vamos a acompañar"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió a cruzar el proyecto de Presupuesto 2027 que el oficialismo envió al Congreso y anticipó que su provincia no dará el visto bueno si avanza el recorte en fondos para discapacidad. Lo hizo este domingo a través de su cuenta de X, con un mensaje directo al Ejecutivo nacional.

"Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos", sentenció el mandatario provincial.

Llaryora fue más allá y calificó el área como "una prioridad" en su distrito, al remarcar que "no es beneficencia ni caridad". En esa línea, sostuvo que las prestaciones, los traslados y las terapias "no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer".

Un llamado a los legisladores

El gobernador también apuntó a sus propios legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general para que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como "un acto de crueldad".

Además, advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales "no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades". Y agregó: "Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional".

"Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables", cerró el mandatario.

Qué dice el proyecto que generó el rechazo

El posicionamiento de Llaryora llega después de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que incluía, en uno de sus apartados, una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.

El texto oficialista proponía eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, reemplazar la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral y retomar el criterio de invalidez laboral para las pensiones no contributivas, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima.

La iniciativa también dejaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin acceso directo al beneficio y establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.

Ese capítulo generó fricciones con los aliados del oficialismo, con organizaciones del sector y con algunos propios integrantes de La Libertad Avanza. En ese contexto, el Gobierno lleva adelante negociaciones para avanzar con un nuevo proyecto, mientras la Cámara de Diputados debate iniciativas para prorrogar la emergencia en discapacidad vigente, que vence a fin de año.