El TSJ de Santa Cruz puso la lupa en un mensaje de WhatsApp atribuido a una jueza

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz dispuso iniciar actuaciones administrativas para determinar qué pasó con una publicación atribuida a la jueza Griselda Isabel Bard y verificar si se cumplió con la normativa legal y reglamentaria vigente.

La medida fue comunicada oficialmente por el máximo tribunal provincial y busca establecer los pormenores del hecho y revisar el cumplimiento de las reglas aplicables. El comunicado no anticipa una sanción ni determina que exista una irregularidad: solo señala que se intentará esclarecer lo ocurrido.

El origen: un aviso de un estudio jurídico en el estado de WhatsApp

El episodio tomó estado público luego de que se informara que Bard habría compartido en su estado personal de WhatsApp un aviso de Lex Andina, un estudio jurídico vinculado a su pareja, Eduardo Rubén González, y en el que participa su hijo, Lisandro Miguel Castelo.

Según la información publicada por otros medios sobre el caso, el mensaje indicaba que el estudio permanecería cerrado el lunes 12 de octubre por el feriado y retomaría la atención el martes 13, con horarios de mañana y tarde.

La difusión de ese aviso abrió interrogantes sobre los límites entre las comunicaciones personales de una magistrada y la promoción de una actividad profesional relacionada con integrantes de su familia.

La existencia de una publicación de esas características no determina por sí sola que haya existido una infracción. Precisamente, el comunicado del TSJ señala que se iniciaron actuaciones para establecer los hechos y comprobar si se ajustaron a las normas que regulan la función judicial.

El TSJ recordó las pautas sobre redes y mensajería

Además de disponer la investigación administrativa, la Presidencia del tribunal instruyó a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia para que emita una circular dirigida a integrantes del Poder Judicial.

El objetivo, según el comunicado, es recordar la necesidad de hacer un uso responsable de las redes sociales y de los canales de mensajería instantánea. La disposición alcanza a quienes integran el Poder Judicial provincial y apunta a reforzar las pautas de conducta en esos espacios de comunicación.

Por el momento, el organismo no difundió una conclusión sobre la conducta atribuida a Bard ni informó que se haya aplicado una sanción. El alcance de las actuaciones dependerá de lo que se establezca durante el procedimiento administrativo y de la normativa que resulte aplicable.

El caso queda así bajo revisión institucional, con dos medidas anunciadas: el inicio de actuaciones para esclarecer lo ocurrido y la emisión de una circular sobre el uso responsable de redes sociales y mensajería en el ámbito judicial. (Fuente: El Diario Nuevo Día)