El truco con la SUBE que tiene a un grupo empresario contra cuatro cámaras de colectivos

Un grupo empresario dueño de colectivos del conurbano y cuatro cámaras del sector se enfrentan en una causa que ya lleva dos fiscalías, dos juzgados federales y pericias que se contradicen. En el medio, hay $6500 millones de subsidios retenidos y dos relatos que no pueden ser ciertos al mismo tiempo.

Por un lado, el Grupo La Nueva Metropol, de dos de los hermanos Zbikosky. Por el otro, cuatro cámaras de dueños de colectivos, entre las que está la que integra DOTA, la compañía que maneja alrededor del 40% de las unidades metropolitanas. La pelea llegó a Comodoro Py y se convirtió en una de las batallas judiciales y empresarias más complejas de los últimos años.

La hipótesis que investiga una de las causas es una supuesta manipulación de las validadoras SUBE. El mecanismo bajo la lupa era simple: los colectivos omitían cambiar manualmente la sección tarifaria en las consolas de cobro o directamente cobraban tarifa máxima de quinta sección (más de 27 kilómetros) a pasajeros que hacían viajes cortos, de primera o segunda categoría (de 0 a 6 kilómetros).

El efecto, siempre en caso de que se pruebe, era doble. Por un lado, el usuario pagaba de más en cada viaje. Por el otro, se alteraba el reparto de subsidios: la regulación le da un peso clave a la llamada Distancia Media Abonada (DMA), y como la bolsa de recursos públicos es fija, el que infla sus números cobra más y el resto cobra menos. Nada de esto está probado todavía.

Cómo empezó todo

La secuencia arranca en abril de 2024, cuando la Secretaría de Transporte emitió la resolución 45, que aprobó una nueva metodología para calcular el subsidio. La norma les da más peso financiero a los pasajes de secciones largas y menos a los cortos.

En mayo de 2025, varias cámaras acusaron a Sargento Cabral y a otras líneas del Grupo Metropol de una “alteración masiva e intempestiva” de los boletos. Según decían, los tickets de primera sección casi desaparecían y, en paralelo, crecían los de recorridos largos.

En diciembre, esas cámaras —CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba— presentaron una denuncia administrativa en el Ministerio de Economía. Metropol respondió con una denuncia penal contra los presidentes de las cuatro cámaras y contra el exsecretario de Transporte Luis Pierrini. Pidió investigar defraudación contra la administración pública y estafa o tentativa de estafa, e imputó a Roberto Rodríguez (Ctpba), Daniel De Ingeniis (Cetuba), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (Ceutupba).

El planteo de Metropol es que sus competidores armaron presentaciones administrativas con datos manipulados o sin sustento técnico para inducir a error a las autoridades y quedarse con subsidios que le correspondían. El monto retenido ronda los $6500 millones. Esa causa quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello.

La segunda denuncia

Un par de días después, en enero de 2026, un ciudadano, Alejandro Díaz Pascual, denunció a los directivos de las empresas de La Metropol. Ese expediente tramita ante la fiscalía de Franco Picardo y el juzgado federal de Julián Ercolini, y sumó a los cuatro presidentes de las cámaras como querellantes.

La acusación sostiene que las empresas del grupo omitían a propósito la marcación manual del cambio de sección en las validadoras SUBE y emitían pasajes de tarifa máxima a usuarios que hacían trayectos cortos. Siempre según la denuncia, la maniobra golpeaba dos veces: le cobraba de más al pasajero e inflaba la Distancia Media Abonada. Como el sistema de compensaciones es de suma fija, eso permitía captar una porción mayor de los subsidios, perjudicando las arcas públicas y restando ingresos a las demás empresas del sector.

Así quedaron dos causas penales opuestas sobre el mismo hecho. En sede administrativa, además de retener algo más de $6000 millones, arrancaron las auditorías sobre 12.244 colectivos del AMBA.

Dos pericias que se contradicen

A las dos denuncias cruzadas se sumaron dos investigaciones administrativas que dicen cosas distintas. La primera es el “Informe de firma conjunta – Cierre de auditoría” del 8 de julio de 2026, elaborado por las direcciones de Gestión Técnica del Transporte, de SUBE y de Gestión de Fondos Fiduciarios, junto con la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Ese documento afirma que “no surgían elementos para afirmar la existencia de una defraudación al Estado Nacional ni un perjuicio patrimonial cierto al erario público”, y descarta manipulación informática, hackeo o alteración externa en los dispositivos y tarjetas SUBE. También señala que las irregularidades en la marcación manual no eran un hecho aislado de las empresas denunciadas, sino un problema operativo extendido a casi todo el sistema. Los desvíos, dice, afectaban la DMA y la distribución interna de subsidios entre empresas privadas, pero sin generar un gasto mayor para el Estado.

El 14 de septiembre, la administración pareció reescribir su postura. El Informe Técnico Consolidado y Ampliatorio, firmado por Alejandro Gastón Seijas, director Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Economía, cruzó datos de la CNRT con mapas de calor de Nación Servicios. Conclusión: las alteraciones en las validadoras no se explican por cambios en la movilidad de los pasajeros, sino por la omisión del seccionamiento a bordo para cobrar tarifas más altas.

Sobre esa base, Seijas calificó las retenciones preventivas como “idóneas, proporcionales y técnicamente fundadas” y actualizó el total de ajustes del sistema nacional a $7.156.656.110,69. De ese total, Sargento Cabral S.A.T. —operadora de las líneas 136, 163 y 182 del Grupo Metropol— concentró el 84,23%, con un recorte de $6.028.363.505,88.

El problema es que el mismo Seijas había firmado el 8 de julio de 2026 el Cierre de Auditoría que descartaba la defraudación al Estado. Y el 12 de agosto de 2026 (nota NO-2026-78049042-APN-DNGFF#MTR) reiteró a la Justicia que las variaciones en la DMA no generaban mayor gasto público por tratarse de un sistema de suma fija. Ese giro de septiembre, de descartar el daño patrimonial a validar el multimillonario recorte, se convirtió en uno de los argumentos centrales del fiscal Marijuán.

“A partir de mayo de 2025, de manera simultánea y abrupta, las líneas investigadas registraron un colapso superior al 90% en la emisión de boletos de primera y segunda sección, mientras que la emisión de pasajes de tarifa máxima experimentó una explosión exponencial del 260%”, dice el documento. Los mapas de densidad geoespacial mostraron que los hábitos de viaje de la población trabajadora del conurbano no cambiaron. Lo único que se movió fue la tarifa registrada en la validadora a bordo.

Qué pasará con las causas

Hace unas semanas, algo de este enredo empezó a ordenarse. Casanello se quedó por ahora con las dos causas y, por lo tanto, Marijuan con lo suyo. Pero son dos expedientes con hipótesis de investigación en las antípodas. En el despacho del juez federal quedó lo que instruyó su fiscal a partir de lo que sostiene La Nueva Metropol, y también llegó el trabajo de Picardi, el que impulsan las cámaras que acusan al grupo empresario.

Marijuan pidió la indagatoria de los presidentes de las cámaras y del exsecretario Pierrini, ignorando la investigación de Picardi. Casanello evitó la definición: optó por tener en cuenta ambas acusaciones, mantuvo viva la investigación y, ante la colisión evidente entre los fiscales, reasumió la instrucción del expediente y ordenó medidas de prueba complementarias.

Así quedó la cuestión, entre una estafa millonaria o una difamación con uso de información falsa. Más de $6000 millones retenidos y una pelea sin precedentes en Comodoro Py.