El Tribunal Superior de Santa Cruz envió documentos a la Corte: el dato que nadie esperaba

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz remitió parte de la documentación exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que analiza la constitucionalidad de la ley que amplió el número de integrantes del máximo tribunal provincial. El envío se produjo tras una intimación que fijaba un plazo de 48 horas.

La presentación responde a la exigencia de la Corte Suprema, que había solicitado el expediente completo en un plazo perentorio. La documentación incluye la causa principal iniciada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio”, que cuestiona la constitucionalidad de la norma que amplió de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior.

El tribunal santacruceño informó que el resto de las actuaciones judiciales y administrativas serán enviadas en las próximas horas, en formato papel y mediante copias certificadas.

¿Qué pasó con el plazo de 48 horas?

El martes pasado, la Corte Suprema endureció su postura frente a la demora en la remisión de la documentación y volvió a exigir formalmente el envío completo de todas las actuaciones vinculadas al expediente. El máximo tribunal nacional ya había requerido esa información el pasado 23 de abril, pero ante la falta de respuesta decidió fijar un plazo de 48 horas para la entrega de toda la documentación relacionada con la causa y sus incidentes conexos.

La Corte busca avanzar en el análisis del conflicto judicial abierto tras la sanción de la ley impulsada en Santa Cruz para modificar la composición del máximo tribunal provincial. La norma había generado una fuerte controversia política, judicial y gremial dentro de la provincia y terminó siendo suspendida y posteriormente declarada inválida por el propio Tribunal Superior de Justicia santacruceño.

El avance del expediente se produjo pocos días después de que la Corte Suprema rechazara una recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra integrantes del máximo tribunal nacional. El gremio había cuestionado la intervención de algunos jueces por presuntos vínculos políticos e institucionales, aunque la Corte consideró que el planteo había sido realizado fuera de término y sin fundamentos jurídicos suficientes. En esa resolución, además, el tribunal recordó que la recusación es una herramienta “de carácter excepcional y de interpretación restrictiva”, especialmente cuando se pretende apartar a jueces de la propia Corte Suprema.

¿Cómo se originó el conflicto?

La disputa judicial comenzó tras la sanción de la ley provincial que amplió la integración del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de cinco a nueve miembros. La Asociación de Judiciales promovió entonces una acción de inconstitucionalidad y cuestionó tanto el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma como la posterior designación y jura de nuevos vocales. En paralelo, se fueron acumulando distintas medidas cautelares y actuaciones vinculadas al caso, motivo por el cual la Corte Suprema exigió acceder a toda la documentación antes de avanzar con una definición sobre el expediente.