La ley que prometía controlar a las empresas del Estado ya empezó a caminar, pero la pregunta que nadie responde del todo es cuándo van a ver la plata. El Tribunal de Cuentas arrancó la reglamentación y hay 16 sociedades en la mira.
El organismo de control provincial ya puso primera para aplicar la llamada Ley Passalacqua de Transparencia, una norma que le permitirá revisar las cuentas de 16 empresas y sociedades con participación estatal que hasta ahora quedaban fuera de su radar. La entrada en vigencia está prevista para el 1 de enero de 2027.
La norma fue impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua y salió aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes el jueves 29 de octubre, con el respaldo de todos los bloques, incluida la oposición.
Qué cambia en la letra chica
La reforma toca la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y suma de manera explícita a sus competencias a las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y cualquier entidad donde el Estado tenga mayoría de capital o capacidad de decisión.
Hasta acá, la normativa no preveía de forma puntual la fiscalización de esas estructuras empresariales creadas en las últimas décadas, que manejan recursos públicos bajo figuras jurídicas distintas a las de la administración tradicional.
El Tribunal ya controla a los tres poderes provinciales y a los municipios. Con la nueva ley, ese universo se agranda y se fijan mecanismos concretos para supervisar cómo se administra la plata en las empresas y sociedades con participación pública.
Las 16 entidades bajo la lupa
La lista incluye a Energía de Misiones (EMSA), Aguas Misioneras (AMSE), Biofábrica Misiones, Marandú Comunicaciones, MisioPharma, Silicon Misiones, Sociedad del Conocimiento y el Parque Industrial y de la Innovación Posadas (PIIP).
También figuran Fiduciaria Misiones, Mercado Central de Misiones, Multimedios, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), IPLyC Confort, Créditos y Servicios y la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA). A esas firmas se suman el ex Banco Provincia de Misiones y el Instituto Provincial del Seguro, ambos en proceso de liquidación.
Son sociedades que atraviesan sectores estratégicos: energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, tecnología, industria, producción, actividad portuaria, servicios y entretenimiento.
La incorporación al régimen de auditorías no altera sus funciones ni su conformación societaria. El cambio pasa por dejar asentadas las atribuciones del organismo provincial para revisar cuentas, operaciones y documentación respaldatoria.
Capacitación y rendición de cuentas
La etapa que arrancó ahora es de preparación técnica. Los profesionales del Tribunal deberán ajustar sus procedimientos de revisión a las particularidades administrativas, contables y jurídicas de cada sociedad.
Además, la ley dispone que los resultados de las auditorías se envíen todos los años a la Cámara de Representantes. Así se suma una instancia extra de seguimiento institucional sobre el uso de los recursos públicos: los legisladores podrán conocer las fiscalizaciones y las observaciones que haga el organismo de control.
La reforma responde a un reclamo cada vez más fuerte por mayor transparencia en la administración estatal, sobre todo en el funcionamiento de empresas que manejan dinero público y desarrollan actividades económicas.
Tras la sanción, Passalacqua subrayó el alcance de la medida: “Esto representa un paso fundamental hacia una mayor transparencia y apertura en el manejo del dinero del pueblo misionero. Para quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, rendir cuentas a diario es una convicción irrenunciable”.
El gobernador también marcó que la fiscalización quedará en manos de un organismo externo, autónomo e independiente de las sociedades auditadas. Y destacó el respaldo unánime: oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de ampliar los controles sobre los fondos públicos.
Desde el 1 de enero, Misiones tendrá un marco normativo más amplio para supervisar a estas sociedades. Cuánto muerda en la práctica dependerá del trabajo de fiscalización del Tribunal de Cuentas y del seguimiento que haga la Legislatura de los resultados.
