Un diputado tomó la palabra en la última sesión del año y explicó por qué las empresas del Estado ya no podrán escudarse detrás de su figura jurídica. La ley salió por unanimidad, pero lo que dijo sobre los recursos públicos dejó una frase que vale la pena leer completa.
La Legislatura de Misiones le dio luz verde a una reforma que cambia las reglas del juego en el control de los fondos públicos. Por unanimidad, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto enviado por el gobernador Hugo Passalacqua que amplía y precisa las facultades del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado provincial o de los municipios.
La votación se concretó este jueves, en la última sesión ordinaria del año, y se convirtió en uno de los temas centrales de la jornada de cierre del período.
La iniciativa había ingresado el 15 de octubre bajo el expediente PE-11356/26 y obtuvo tratamiento preferencial en el temario después de conseguir dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El calendario legislativo no termina acá: el 10 de diciembre está prevista la convocatoria extraordinaria en la que los diputados deberán elegir a las autoridades de la Cámara.
Qué alcanza la reforma
El texto modifica el artículo 2 de la Ley I-N.º 3, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y deja sentada de manera expresa la competencia del organismo para fiscalizar empresas y sociedades del Estado provincial y municipal.
La norma abarca a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, a las sociedades de economía mixta y a cualquier otra entidad empresarial en la que el sector público tenga mayoría en el capital o capacidad decisiva en las decisiones societarias.
Con este respaldo normativo específico, el Tribunal podrá examinar la utilización de fondos públicos en estructuras empresariales que funcionan bajo distintas figuras jurídicas.
El debate y la voz del informante
El diputado Alejandro Arnhold, miembro informante del proyecto, explicó que la modificación apunta a fortalecer la transparencia y a evitar que las distintas formas jurídicas que usa el Estado se conviertan en un obstáculo para la fiscalización.
“El Estado puede desarrollar sus actividades a través de distintas estructuras jurídicas, pero esta diversidad no debe convertirse en un obstáculo para controlar el destino y la utilización de todos los recursos públicos”, expresó.
El legislador remarcó que la reforma cubre un vacío en la regulación expresa de las atribuciones del organismo y recordó que su funcionamiento fue institucionalizado en 1960. En esa línea, la definió como “una actualización normativa necesaria para dar mayor claridad al alcance del control sobre los recursos públicos”, incluso cuando esos recursos sean administrados por entidades constituidas bajo diferentes figuras legales.
Informes anuales a la Legislatura
Uno de los puntos centrales de la ley es la obligación de remitir cada año a la Cámara de Representantes los resultados de las fiscalizaciones realizadas sobre las empresas alcanzadas. Esta disposición se incorporó durante el tratamiento en comisión, a partir de los aportes de diferentes bloques legislativos.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Anazul Centeno, había destacado que el proyecto original fue enriquecido durante su análisis y que esos cambios permitieron alcanzar un dictamen unánime. “Fue ampliado con aportes de los distintos bloques”, explicó la legisladora al finalizar aquella instancia.
Con los informes anuales, la Cámara tendrá información sobre el control de los recursos públicos administrados por estas entidades, sin que eso implique intervenir directamente en sus decisiones empresariales.
La normativa establece que la fiscalización se limitará al control externo de los fondos públicos y respetará las atribuciones de los órganos de administración, gobierno y fiscalización propios de cada sociedad. También dispone que el organismo ejerza sus competencias conforme al régimen federal vigente en materia societaria y comercial.
Sobre ese punto, Arnhold aclaró que la nueva legislación no supone una intervención del Tribunal de Cuentas en la conducción de las empresas. “Fortalecer el control no significa desconocer las competencias de cada órgano, sino establecer reglas claras que permitan ejercer la fiscalización dentro del marco jurídico vigente”, afirmó.
Además, destacó que la presentación anual de informes mejorará la rendición de cuentas y permitirá a la Legislatura conocer los resultados de las auditorías.
Lo que había dicho Passalacqua
Cuando anunció el envío del proyecto a la Legislatura, el gobernador Passalacqua había señalado que la medida respondía a la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y de garantizar mayor claridad sobre la administración de los recursos provinciales.
“Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, había expresado.
En esa oportunidad también remarcó que la rendición de cuentas debía ser una responsabilidad permanente de la administración pública. “No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”, afirmó.
En los fundamentos enviados a la Cámara, el Poder Ejecutivo planteó que la reforma aportaría mayor certeza jurídica sobre el alcance de las atribuciones del organismo y evitaría interpretaciones ambiguas respecto de las sociedades empresariales del Estado.
Al cerrar su exposición, Arnhold volvió sobre la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos. “El buen gobierno no se proclama, se demuestra garantizando transparencia en el uso de los recursos públicos, el control sobre su utilización y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, porque esos recursos pertenecen a todos, y es a la gente a quien debemos responder”, sostuvo.
