El tope de $8 millones que inquieta a los peritos de Entre Ríos
¿Qué esconde el nuevo tope a los honorarios que impulsa el Ejecutivo entrerriano y por qué los ingenieros advierten que cada vez menos especialistas quieren trabajar en la Justicia?
El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) dijo presente en el análisis legislativo del proyecto que busca reformar el Código Procesal Laboral entrerriano, una iniciativa del Poder Ejecutivo que puso el foco en cómo se regulan los honorarios de los peritos judiciales.
Por la entidad participaron su presidente, el ingeniero Celso Beltrame; el titular de la Comisión de Peritos, ingeniero Iván Arcusin; y el asesor legal, doctor Enrique Martínez. Los tres coincidieron en manifestar su inquietud por el rumbo que podría tomar la norma.
Qué propone el proyecto y por qué preocupa
La iniciativa fija un techo de ocho “juristas” para los honorarios periciales y, además, corta el vínculo entre esa retribución y el monto de la sentencia. Para los ingenieros, ese cambio de reglas podría tener consecuencias concretas sobre el trabajo técnico que se presenta en los tribunales laborales.
Beltrame subrayó la relevancia de la tarea que hacen los profesionales de la ingeniería en el ámbito judicial, sobre todo en pericias ligadas a seguridad e higiene laboral y a los aspectos técnicos de las industrias.
“Desde el colegio consideramos fundamental que las modificaciones normativas contemplen la realidad del trabajo pericial, sus exigencias técnicas y los tiempos que demanda la administración de justicia. Una retribución adecuada no constituye solamente una cuestión vinculada con los ingresos profesionales: también resulta relevante para sostener la participación de especialistas independientes y asegurar la calidad de las pruebas técnicas que contribuyen a la resolución de los conflictos judiciales”, planteó.
El presidente del CIEER fue más allá y describió el clima que percibe entre los matriculados: “Estamos preocupados por lo que nos transmiten nuestros matriculados. Existe un desánimo generalizado para continuar trabajando en la Justicia, porque sienten que son el eslabón más delicado de la cadena: cobran poco y muy a destiempo respecto del momento en que realizan su trabajo”.
Inflación y causas que se eternizan
A ese panorama se suma el efecto de la inflación. Según advirtió Beltrame, los honorarios pierden valor a lo largo de los extensos plazos que demandan las causas, y eso empuja a cada vez más profesionales a rechazar las designaciones judiciales. El riesgo, señaló, es que se resienta la disponibilidad de especialistas calificados para intervenir en los juicios.
“Cortar el eslabón más débil no es la solución”
Arcusin puso el acento en la necesidad de una ley equilibrada para todas las partes, sin que el costo de los cambios recaiga sobre quienes aportan el conocimiento técnico al proceso.
“Todos compartimos el objetivo de lograr una ley justa y equitativa que resguarde a todas las partes, pero cortar el eslabón más débil de la cadena no es la solución”, sostuvo.
El referente de la Comisión de Peritos detalló que la labor de los ingenieros excede la confección de un informe: abarca análisis, inspecciones, ensayos y la defensa técnica de las conclusiones ante los tribunales. Por eso, un límite uniforme y desligado de las particularidades de cada intervención podría derivar en retribuciones desproporcionadas y desalentar la participación de profesionales especializados.
También puso la lupa sobre el volumen de causas que tendría que absorber un eventual cuerpo oficial de peritos, si se tiene en cuenta la cantidad de juicios laborales que se registran cada año en la provincia. Con ese argumento, el Colegio pidió revisar el proyecto y asegurar que las entidades profesionales participen en la regulación de los honorarios, como modo de preservar la calidad y la independencia de la tarea pericial.
Coincidencias con otras entidades
El doctor Martínez indicó que la postura del CIEER coincide en varios puntos con las observaciones que hicieron otras entidades profesionales, entre ellas el Colegio de Ciencias Económicas.
El asesor legal remarcó que la propuesta provincial pone un techo a los honorarios y los separa del monto de la sentencia, a diferencia de otros esquemas normativos que mantienen una relación entre la retribución y la cuantía económica del juicio. Y anticipó que una modificación de ese tipo podría deteriorar los ingresos de los peritos y alentar la migración de profesionales hacia otros fueros.
