El temor de la familia de Julián Álvarez Guardia antes de la audiencia clave
La familia de Julián Álvarez Guardia aguarda la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre la libertad de la imputada, y el temor a que el juicio no llegue a realizarse. Este jueves se conocerá la resolución.
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia fue escenario este miércoles de una audiencia en la que se discutió el pedido de la defensa de Victoria Luz Cantero para que recupere la libertad. Cantero está imputada por el homicidio agravado por el vínculo de Julián Álvarez Guardia, ocurrido el 2 de agosto pasado.
El abogado querellante, Pablo Vianello, y Leticia Guardia, hermana de la víctima, expresaron su inquietud ante la posibilidad de que la acusada quede en libertad mientras la investigación sigue su curso.
Según informó Vianello a Radio Libertad, las partes serán notificadas de la resolución este jueves 22 de octubre a partir de las 10 de la mañana.
Los argumentos de la querella
Vianello explicó que la defensa ejerce el derecho de su representada a solicitar la libertad, ya que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y rige la presunción de inocencia hasta que haya condena firme. No obstante, el querellante sostuvo que hay elementos probatorios que justifican mantener la medida y que la gravedad de la imputación debe sopesarse junto con los riesgos procesales.
«Acá estamos hablando de una persona que, en el caso de que llegue a ser encontrada culpable por el juicio por jurados, va a terminar el resto de sus días tras los muros», expresó Vianello.
El abogado consideró que la expectativa de una condena a prisión perpetua es un factor relevante para evaluar el peligro de fuga. «Existen probabilidades muy concretas, a nuestro entender, de que se pueda profugar y que nunca podamos llegar a realizar el juicio por jurados», advirtió.
El foco en el proceso
Vianello aclaró que la preocupación central de la familia no pasa por la repercusión mediática del caso, sino por garantizar que el proceso judicial pueda llevarse a cabo.
Respecto de una eventual prisión domiciliaria, el querellante afirmó que hasta el momento no advierten circunstancias médicas, humanitarias o familiares que permitan justificar una medida de esas características.