El STJ les marcó la cancha a las cárceles entrerrianas por las visitas: la circular que quieren borrar
Un tribunal entrerriano se plantó frente al Servicio Penitenciario por una circular que arrastra desde la pandemia. La discusión sobre las visitas en las cárceles volvió al centro de la escena y todavía no tiene respuesta.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos salió a jugar fuerte: reclamó al Servicio Penitenciario provincial que deje sin efecto la circular que arrastra desde la pandemia y que todavía restringe las visitas en las cárceles de la provincia. El planteo se formalizó en una reunión que se hizo este miércoles.
Del encuentro participaron los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que recibieron a autoridades del Gobierno provincial y del Servicio Penitenciario. El eje del cónclave fue analizar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.
El argumento de la seguridad y la respuesta del tribunal
Desde el Servicio Penitenciario defendieron la continuidad de las restricciones con una razón concreta: sostienen que responden a cuestiones de seguridad. Según plantearon ante los vocales, una ampliación significativa del número de visitantes complicaría las tareas de control, de identificación y de verificación de los vínculos familiares.
La Sala Penal no acompañó esa postura. Pidió dejar sin efecto la circular dictada durante la emergencia sanitaria y garantizar las visitas de acuerdo a la legislación vigente, es decir, conforme a lo que establece la Ley de Ejecución Penal.
Qué dicen sobre la comida en las unidades
Otro de los temas que se puso sobre la mesa fue la alimentación de los detenidos. Las autoridades penitenciarias explicaron que cada unidad maneja un presupuesto propio para comprar insumos a proveedores locales.
Con esos insumos se arma un menú semanal que contempla dietas especiales por razones de salud y que queda bajo la supervisión del área de Sanidad.
Contacto familiar: entrevistas, traslados y videollamadas
En cuanto al vínculo con las familias, desde el Servicio Penitenciario señalaron que el área de Servicio Social realiza entrevistas periódicas. También indicaron que se gestionan traslados hacia unidades cercanas a los domicilios de los allegados cuando las circunstancias lo permiten.
Mencionaron además la posibilidad de concretar videollamadas, aunque con una aclaración: el organismo no tiene responsabilidad sobre el traslado de los familiares hasta las cárceles.
El mapa del monitoreo electrónico en Entre Ríos
La reunión también abordó el funcionamiento del Centro de Monitoreo Electrónico, que supervisa a 216 personas mediante dispositivos repartidos en 28 localidades entrerrianas.
El organismo cuenta con 240 equipos, de los cuales 216 están instalados y en funcionamiento. Los 24 restantes integran la reserva técnica: 16 se encuentran en reparación y solo ocho están disponibles para reemplazos y contingencias.
Según el informe que se presentó ante el STJ, las personas supervisadas se dividen en tres modalidades:
39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4; 153 condenados con arresto domiciliario controlado por GPS; y otras 24 personas alojadas en unidades penales que tienen autorizadas salidas laborales o familiares.
La mayor concentración se da en Paraná, con 85 personas monitoreadas. Le siguen Concordia, con 60; Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10.
Doce funcionarios, cinco técnicos y guardias que no se cortan
El Centro tiene 12 funcionarios destinados a tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año, mediante guardias rotativas.
Los registros del sistema informático reciben aproximadamente 6.000 eventos diarios. De ese total, entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores.
Entre las tareas que se cumplen aparecen el seguimiento de alertas, las comunicaciones con las personas supervisadas y sus referentes, las verificaciones policiales y el control de los desplazamientos autorizados. También se realizan intervenciones ante emergencias médicas y ante situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, en coordinación con organismos judiciales.
El pedido del STJ reinstala un debate que sigue pendiente: cómo garantizar el régimen de visitas que fija la ley sin descuidar la seguridad dentro de las unidades. La respuesta, por ahora, sigue sin llegar.
