El STJ define el futuro de Gennuso y la megacausa Techo Digno: adelantaron el fallo un mes

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dará a conocer este jueves su decisión sobre el recurso que podría revocar la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso en la megacausa Techo Digno. El fallo, que estaba previsto para el 5 de noviembre, se adelantó casi un mes y puede marcar el rumbo de las otras investigaciones que aún tramitan por el manejo de los fondos públicos del plan federal de viviendas.

Qué se define con la sentencia

La causa se centra en el dinero que Nación envió a los municipios para construir viviendas. Según la fiscalía, esos fondos se paralizaron con niveles de ejecución inferiores a los informados y los montos recibidos, y el dinero nacional habría sido desviado del control estatal. La acusación sostiene el delito de peculado, mientras las defensas aseguran que los recursos nunca salieron de las arcas municipales.

Gennuso, que hoy está absuelto, espera saber si el máximo tribunal confirma esa absolución o le revoca el estado procesal. La decisión no es un detalle menor: es la primera absolución de la megacausa que llega a análisis del STJ y puede sentar precedente para los demás exfuncionarios y empresarios acusados por hechos similares.

Los números de una causa que arrancó en 2018

La investigación, con trámite en Río Negro desde 2018, alcanza a una docena de exintendentes. Cuatro lograron la absolución en sus respectivos juicios: además de Gennuso, María Eugenia Martini (Bariloche), Enzo Tamburrini (Sierra Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro).

La única condena hasta ahora recayó sobre Gilberto Montanaro, de Cervantes, que aceptó las acusaciones y fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa situación liberó el camino para su hija, Claudia Montanaro, que lo sucedió en el cargo municipal.

Otro caso aparte fue el del exjefe comunal serrano Nelson Iribarren, a quien la fiscalía directamente no acusó en el debate.

En etapas previas al juicio figuran otros exmandatarios acusados, algunos con peso político propio. El cipoleño Aníbal Tortoriello, diputado nacional y precandidato a la Gobernación para el año próximo, es uno de ellos. También aparecen dos legisladores: el peronista Daniel Belloso (Choele Choel) y el oficialista Gustavo San Román (Río Colorado).

Los dos ejes del debate

En la discusión actual giran dos puntos centrales: la posible revisión del tipo de delito, que pasaría de peculado a malversación de fondos públicos, y el plazo de prescripción de los delitos.

En su alegato, el Fiscal General Fabricio Brogna defendió la acusación y sostuvo que el Tribunal de Impugnación podría haber condenado por malversación en lugar de dejar sin reproche penal una conducta que, según su interpretación, había quedado acreditada. El defensor Manuel Maza, en tanto, planteó la prescripción.

Al abrir el recurso, el STJ consideró que Brogna había presentado argumentos suficientes para analizar el fondo de la cuestión y advirtió que existía un punto relevante que no había recibido un tratamiento explícito y exhaustivo en las instancias anteriores.

En su resolución, el tribunal fue duro al señalar que la cuestión sobre la malversación "no recibió tratamiento explícito y exhaustivo en ninguna de las etapas". Con ese argumento justificó su intervención "extraordinaria", junto con "la invocada omisión del deber de revisión integral y al alegado apartamiento de la doctrina legal".

El STJ integra el cuerpo con la presidencia de Ricardo Apcarian y la participación de Cecilia Crespo, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Adrián Zimermann.

El antecedente de 2022

No es la primera vez que el máximo tribunal provincial mete la cola en esta causa. En 2022 convalidó el proceso de investigación fiscal cuando revocó las nulidades que había planteado el juez de primera instancia Ignacio Gandolfi y que luego ratificó el Tribunal de Impugnación.

En ese momento, Gandolfi había sobreseído a los exintendentes de San Antonio, Javier Iud, y de Conesa, Alejandra Mas, además del empresario Juan Castelli. El STJ calificó esas decisiones de "prematuras" porque se trataba de "etapas preparatorias" en las que el Ministerio Público Fiscal puede formular su acusación y precisar las figuras jurídicas, que al "momento de requerir la apertura de juicio puede ser distinta".

Ahora, con la sentencia adelantada para este jueves, la pelota vuelve a estar en la cancha del STJ y el tablero de la megacausa puede moverse para todos.