El sistema que ubicaba a 20.000 inmigrantes detenidos dejó de mostrar dónde están
La herramienta que durante 16 años permitía saber dónde estaba detenido un inmigrante ahora devuelve cero resultados para miles de personas con orden de deportación. Abogados y familias quedaron a ciegas, y la cifra que manejan las organizaciones que fueron a la Justicia es la que más preocupa.
Cuatro organizaciones de asistencia legal de Estados Unidos demandaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una modificación que dejó a miles de personas detenidas fuera del localizador público. La controversia estalló después de que la agencia dejara de informar dónde se encuentran los adultos con órdenes definitivas de deportación.
La presentación judicial busca que se restablezca el acceso a esa información, clave para que abogados y familiares puedan ubicar a los detenidos dentro de la red de centros de detención migratoria.
Qué cambió en el localizador del ICE
De acuerdo con las organizaciones demandantes, la modificación se instrumentó alrededor del 15 de septiembre a través de una disposición llamada ODLS Final Order Policy. Desde ese momento, quien consulta el Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés) puede toparse con una respuesta de cero resultados.
El cambio no quedó solo en el portal. Según los demandantes, los empleados del ICE recibieron instrucciones para no brindar el lugar de detención por teléfono ni de forma presencial cuando se trata de las personas alcanzadas por la nueva norma.
Antes de esta política, el ODLS permitía consultar la ubicación de cualquier adulto bajo custodia civil del ICE. El mecanismo operaba desde 2010 y era la vía habitual para que familiares y representantes legales identificaran en qué establecimiento estaba una persona.
Con la disposición vigente, al ingresar el nombre o el número de extranjero —conocido como A-number— la plataforma deja de mostrar la ubicación, incluso si la persona sigue alojada en una instalación federal.
Las organizaciones calcularon que entre 16.000 y 20.000 personas quedaron fuera del sistema, lo que representaría cerca del 32% de la población retenida por el ICE. La medida se aplicó en buena parte de la red nacional de centros de detención, con excepciones acotadas a determinadas instalaciones.
El problema para los abogados
La causa, identificada como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, sostiene que la falta de información sobre el lugar de detención complica la intervención de los letrados en los procedimientos migratorios.
El argumento central es que una orden final de deportación no clausura todas las vías de defensa. Las personas retenidas todavía pueden pedir la reapertura de sus expedientes, presentar recursos de habeas corpus ante tribunales federales, solicitar protección frente a ciertas expulsiones a terceros países o denunciar condiciones de detención y posibles abusos.
Sin saber en qué establecimiento está el detenido, los abogados pueden encontrar obstáculos para contactarlo, coordinar entrevistas, entregar documentación y presentar solicitudes dentro de los plazos judiciales. Las organizaciones también advirtieron que la restricción les impide identificar y entrevistar a potenciales clientes que necesitan asistencia.
“A nadie se le debería negar una oportunidad real de defender sus derechos”, afirmó Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de una de las organizaciones demandantes, en un comunicado. “Este nuevo cambio administrativo arbitrario deja a cientos de miles de personas en riesgo de sufrir consecuencias que podrían cambiarles la vida, sin la asistencia legal esencial”, agregó.
Qué pide la demanda
El 28 de octubre, Greater Boston Legal Services (GBLS), Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP) y Amica Center for Immigrant Rights presentaron la acción ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts.
La presentación contó con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center y el National Immigration Project.
Uno de los ejes del reclamo se apoya en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA): las organizaciones sostienen que el gobierno modificó una política que llevaba 16 años en funcionamiento sin justificación pública, sin evaluar sus consecuencias y sin instancia de notificación.
También invocaron la Primera Enmienda, al considerar que la restricción interfiere con la posibilidad de los abogados de comunicarse con sus clientes y ofrecer representación legal.
El escrito sumó además una presunta infracción de la Ley de Libertad de Información (FOIA), porque las autoridades omitieron publicar las instrucciones administrativas que instauraron el nuevo procedimiento, pese a su impacto directo sobre los detenidos y sus representantes.
En concreto, la demanda pidió la suspensión inmediata de la política mientras avanza el proceso. También reclamó que la Justicia declare inválida la directiva, ordene restablecer los datos de ubicación en el portal ODLS y disponga la publicación del documento completo con las nuevas reglas.
