El sindicato judicial advierte que las Defensorías pampeanas están al borde del colapso

El sindicato judicial de La Pampa denuncia que las Defensorías atienden a los sectores más vulnerables en condiciones límite: sin personal, sin concursos y con oficinas indignas. El reclamo apunta directo al Estado, y la advertencia final es tan dura que conviene leerla entera.

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El sindicato judicial advierte que las Defensorías pampeanas están al borde del colapso
El sindicato judicial advierte que las Defensorías pampeanas están al borde del colapso

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SiTraJ) encendió la alarma: las Defensorías de las cuatro circunscripciones judiciales atraviesan una situación crítica por falta de personal, sobrecarga laboral, vacantes sin cubrir y problemas edilicios. La organización reclamó medidas urgentes para garantizar condiciones dignas de trabajo y el acceso efectivo a la Justicia.

En un comunicado, el SiTraJ expresó su «profunda preocupación por la gravísima situación que atraviesan las Defensorías de las cuatro circunscripciones judiciales» y advirtió sobre «el progresivo deterioro de las condiciones en las que trabajadores y trabajadoras deben garantizar, todos los días, el acceso a la Justicia».

El sindicato vinculó el deterioro con el contexto nacional: «Las políticas de ajuste, el achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de las provincias tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de nuestra sociedad y, especialmente, sobre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad». Y enumeró a los sectores más golpeados: mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes que reclaman derechos alimentarios, personas adultas mayores, personas con discapacidad y todos aquellos que dependen de la defensa pública para acceder a la Justicia.

Un servicio esencial, pero precarizado

Para el SiTraJ, las Defensorías cumplen una función esencial, pero quienes las sostienen enfrentan «una situación de creciente precarización y abandono». La falta de personal, la ausencia de nuevos ingresos, la sobrecarga por renuncias y jubilaciones no reemplazadas, la falta de concursos de ascenso y la pérdida de trabajadores con experiencia configuran «un cuadro que no puede seguir naturalizándose».

El sindicato apuntó a un dato concreto: durante 2025 se crearon dos nuevas Defensorías sin que se incorporara «un solo trabajador o trabajadora para garantizar su funcionamiento». También denunció bonificaciones insuficientes y una distribución desigual respecto del Superior Tribunal de Justicia, «tanto en cantidad como en porcentaje, por debajo de lo establecido en el Acta Paritaria Sectorial N.º 026/14».

Condiciones edilicias indignas

A eso se suman las condiciones edilicias: «espacios hacinados, oficinas sin ventanas que permitan una adecuada renovación del aire y ámbitos improvisados que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar un ambiente laboral saludable y seguro». El SiTraJ advirtió que detrás de esto hay «el abandono y el desconocimiento de la importancia de las tareas que realizan quienes trabajan en las Defensorías». «No estamos hablando simplemente de puestos de trabajo o de cuestiones administrativas», aclararon.

«Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que cumplen una función esencial para garantizar derechos y que constituyen, muchas veces, el primer y único contacto que tienen los sectores más vulnerables con el sistema de Justicia», sostuvieron. Y remarcaron: «No hay acceso a la Justicia sin trabajadores que puedan garantizarlo en condiciones dignas».

El reclamo al Estado

El sindicato fue tajante: «No se puede exigir que las y los trabajadores sostengan con su esfuerzo, su sobrecarga laboral y hasta con el costo de su propia salud un servicio esencial que es responsabilidad del Estado garantizar». Por eso exigieron «medidas urgentes y concretas» que incluyan incorporación de personal, cobertura de vacantes, condiciones edilicias dignas, respeto a los acuerdos paritarios y reconocimiento del trabajo y la responsabilidad de quienes sostienen el servicio.

El cierre del comunicado fue una definición política: «La defensa pública es el único puente entre los sectores más vulnerables y la Justicia. Si ese puente se rompe, lo que se silencia es la voz de quienes menos tienen».

Trabajadores judiciales de La Pampa

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