El sicario condenado por el crimen de Antonio González denunció que lo golpearon en el Penal de Chimbas

Roque Ramón Escudero, condenado a perpetua por el asesinato del empresario y campeón de patín Antonio González, habría sufrido agresiones físicas dentro del Servicio Penitenciario. Su defensa denunció hematomas, amenazas y sangre en la orina, y cuestionó la respuesta de la Justicia.

Una presentación judicial puso el foco sobre el personal penitenciario que custodiaba a Escudero en el Penal de Chimbas. Según el escrito, el interno habría sido golpeado, amenazado y habría tenido problemas de salud mientras estuvo alojado en sectores de máxima seguridad.

El caso llegó a la Justicia mediante un hábeas corpus correctivo que presentó su abogado, Leonardo Miranda. El pedido reclamaba medidas urgentes para proteger la integridad física del condenado. El juez Alberto Caballero rechazó el planteo y derivó las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para que investigue los hechos denunciados.

La defensa consideró insuficiente esa decisión: sostiene que derivar el caso a una investigación penal no garantiza una protección inmediata para Escudero.

El traslado y las presuntas golpizas

De acuerdo con el escrito, el 9 de junio de 2026 Escudero fue movido del pabellón 1, sector 2 —donde llevaba más de seis años por disposición judicial— al pabellón 2, destinado a internos de máxima seguridad. Las autoridades penitenciarias habrían justificado el cambio por razones de resguardo, ante un supuesto riesgo para su vida.

La presentación afirma que, después de ese traslado, el condenado habría sido golpeado por agentes penitenciarios y quedado con hematomas visibles en distintas partes del cuerpo. La defensa también indicó que comunicó la situación al Juzgado de Ejecución Penal y pidió su traslado a un hospital público, sin obtener la respuesta esperada.

El escrito cuestionó además las condiciones de alojamiento en el sector de máxima seguridad. Luego, Escudero fue trasladado al pabellón 9, sector 1.

Uno de los episodios más recientes habría ocurrido antes de la visita del 6 de octubre. Según el relato incorporado a la presentación, su pareja —identificada como Lozano— lo encontró con hematomas importantes, sobre todo en la parte superior del cuerpo. El interno le habría dicho que volvió a ser golpeado junto con otros reclusos.

A las presuntas agresiones se sumó una preocupación médica: Escudero habría referido fuertes dolores al orinar y presencia de sangre en la orina. Según la defensa, una médica del Servicio Penitenciario le había anticipado que gestionaría estudios para determinar el origen de esos síntomas.

Qué respondió la Justicia y qué reclama la defensa

Al rechazar el hábeas corpus, el juez Caballero consideró que los hechos denunciados, por su posible encuadre como vejaciones y apremios ilegales, debían ser investigados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos delitos autónomos. Por eso remitió las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales y ordenó una revisión médica inmediata, con autorización para trasladar al interno a un hospital público si el criterio profesional lo justificaba.

Miranda cuestionó que la respuesta judicial no contemplara, según su interpretación, todas las medidas de protección que requería la situación denunciada. Para el abogado, la investigación penal y la tutela urgente de una persona privada de su libertad son obligaciones diferentes que pueden avanzar en simultáneo.

Entre sus objeciones, señaló que la evaluación médica no debería quedar exclusivamente en manos de profesionales del mismo establecimiento penitenciario. Reclamó un examen independiente, a cargo del Cuerpo Médico Forense o de especialistas externos, con documentación de las lesiones y entrevistas confidenciales con el interno.

También pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad, analizar las pruebas ofrecidas y habilitar una audiencia urgente o un canal de comunicación directo y reservado entre Escudero y el tribunal. La defensa advirtió además sobre presuntas amenazas de represalias.

El rechazo del hábeas corpus no implica que la Justicia haya determinado que las agresiones denunciadas sean falsas ni descarta una eventual responsabilidad penal de los agentes involucrados. Esos hechos deberán esclarecerse en la investigación correspondiente.

El crimen que lo llevó a prisión perpetua

Escudero fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Antonio González, empresario y campeón de patín carrera, ocurrido el 1 de julio de 2011 en sus oficinas comerciales de avenida Libertador, en Capital.

En un primer momento, el hecho fue presentado como un intento de asalto en el que González habría intentado defender a su hijo. Sin embargo, la investigación judicial determinó que se trató de un homicidio por encargo.

En 2014, la Sala I de la Cámara Penal condenó a Escudero como autor material del crimen. Ahora, más de una década después de aquella sentencia, su situación dentro del Servicio Penitenciario quedó en el centro de una nueva controversia judicial a raíz de las presuntas agresiones denunciadas por su defensa.