El shopping que no abre sumó una deuda de $840 millones y un robo de dólares

La constructora que tenía a cargo la obra de Oh! Buenos Aires demandó a la concesionaria del predio por una cifra millonaria y pidió un embargo preventivo. El conflicto judicial expone la interna societaria de Hatzlaja, la firma que presidió Marcelo Porcel, procesado por abuso de menores.

El nombre de Marcelo Porcel venía sonando en los tribunales penales. Ahora, su entorno empresarial desembarcó en el fuero comercial con una causa que tiene como eje el shopping que iba a ocupar el lugar del viejo Buenos Aires Design y que, seis años después de la concesión, sigue sin abrir sus puertas.

La constructora Cortes y Sistemas, contratista principal de la obra, demandó a Hatzlaja —la concesionaria del predio de Junín 1960— por 840 millones de pesos más IVA, intereses y costas. Además, reclamó un embargo preventivo por ese monto sobre las cuentas y los bienes de la empresa.

El contrato y la firma de Porcel

Según la presentación judicial, el contrato que originó el conflicto fue una carta oferta del 19 de diciembre de 2022, suscripta por Hatzlaja a través de “su apoderado y socio Marcelo Porcel”. La demanda no incluye a Porcel como demandado, pero tampoco se limita a la sociedad: invoca los artículos 54, 59 y 274 de la Ley General de Sociedades para que respondan “solidaria e ilimitadamente” el presidente y los directores de Hatzlaja, y también sus “administradores, socios, formales y ocultos, y controlantes”. Para ello, solicitó a la Inspección General de Justicia el legajo completo de la firma.

La pregunta sobre quién está detrás de Hatzlaja no es nueva. Cuando estalló la causa penal, el entorno de Porcel aseguró que el empresario se había desvinculado del emprendimiento del que había sido la cara visible. Empleados del predio, en cambio, sostenían que aún pagaba la refacción.

Un acta de asamblea del 4 de noviembre de 2024 da cuenta de que Hatzlaja aceptó las renuncias de Marcelo Porcel y su esposa, María Eugenia Llorente, a sus cargos de presidente y directora suplente. Sin embargo, esa acta se publicó en el Boletín Oficial casi dos años después, el 3 de septiembre de 2026. Según la ley de sociedades, los efectos de la renuncia difieren según se trate de socios o de terceros: para los primeros es inmediata; para los segundos, rige desde la publicación.

De acuerdo con registros del gobierno porteño a los que accedió este medio, Porcel firmó como apoderado los escritos de la concesionaria ante la Ciudad hasta diciembre de 2025. En enero de 2026, con la causa penal en pleno desarrollo, la firma pasó a Ofelia Weiss, también como apoderada.

Una obra con facturas vencidas y subcontratos demorados

La reconstrucción que hace la constructora en la demanda describe una obra que avanzó con numerosos problemas. El contrato era llave en mano: 1000 millones de pesos más IVA, un 15% de anticipo sin ajuste y el resto actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El plazo era de 15 meses, desde enero de 2023 hasta el 16 de abril de 2024.

Desde octubre de 2023, siempre según la demanda, llegaron las facturas vencidas y las intimaciones. El comitente certificaba el avance, pero autorizaba facturar solo una parte. A eso la constructora le suma los subcontratos que Hatzlaja debía contratar por su cuenta, como instalaciones, pintura, ascensores y escaleras mecánicas. Sin esos trabajos, la contratista no podía avanzar, porque no se coloca un porcelanato donde todavía no se instaló una escalera mecánica.

El plan de trabajos llegó a tener 16 versiones y las escaleras mecánicas entraron a la obra después de vencido el plazo. La demanda cita también una resolución porteña del 18 de octubre de 2023 que habría multado a la concesionaria por la falta de esos subcontratos.

El robo que Hatzlaja le endilgó a la contratista

El pasaje más llamativo del expediente ocurre en junio de 2024. Con facturas intimadas y sin acuerdo por los costos de “mayor permanencia” en obra, Hatzlaja respondió con un presunto robo. Dijo haber sufrido, por “fallas de seguridad”, la sustracción de 26.500.000 de pesos, 119.000 dólares y otros 4800 dólares de sus oficinas, el 6 de mayo de 2024, y quiso cargárselo a la contratista, responsable de la vigilancia del predio.

La constructora rechaza esa responsabilidad. Sostiene que debía custodiar “el predio y el contenido de los elementos de obra”, no las oficinas del comitente ni el efectivo que allí se guardara, y que nadie le avisó que hubiera dinero. Agrega que ninguna autoridad la citó por ese hecho.

Por eso pidió que un perito revise los arqueos de caja de Hatzlaja de esos días y cómo registró la empresa el siniestro. La concesionaria tenía, además, otro argumento para no pagar: reclamaba la devolución del anticipo actualizado, unos 200 millones de pesos, aunque el contrato dice que el anticipo “no contempla ajuste”.

La rescisión y los números de la demanda

El 25 de junio de 2024, Cortes y Sistemas rescindió el contrato por culpa del comitente. La cuenta que presenta tiene dos rubros. El daño emergente suma 546,4 millones de pesos, entre facturas impagas, certificados sin facturar, mayor permanencia y materiales retenidos. El lucro cesante agrega 294,3 millones de pesos, calculados como el rendimiento de un plazo fijo sobre la deuda.

La demora no empezó con la constructora. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta firmó la concesión con Hatzlaja el 17 de julio de 2020 y el acta de inicio de obra es del 16 de noviembre de 2021. Según la reconstrucción del expediente, el informe de obra que la administración saliente le entregó a Jorge Macri en diciembre de 2023 marcaba un avance algo menor al 30%. Esa cifra coincide con la que reconocía la dirección de obra, no con el 50% que reclamaba la constructora.

En junio de 2024, Cortes y Sistemas le informó a la Ciudad que ya no estaba a cargo de la ejecución. Desde enero de ese año, la concesionaria acumuló cinco multas por incumplir obligaciones del contrato. Desde entonces, la obra avanzó cerca de 70 puntos y el informe de septiembre de 2026 ya habla de un 99% de avance.

Un final con dos expedientes abiertos

La Ciudad prevé aperturas parciales, empezando por los locales que dan a la avenida Pueyrredón. Si el cronograma se cumple, los primeros locales del demorado Oh! Buenos Aires van a abrir con dos expedientes en curso: el penal, que tiene a Porcel con tobillera electrónica y procesado por el juez Carlos Bruniard por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor en perjuicio de 10 compañeros de colegio de sus hijos; y el comercial, donde aparece su firma y una deuda millonaria.