El servicio que usan los que menos tienen está al borde del quiebre y nadie reemplaza a los que se van

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (Sitraj) encendió la alarma por el estado crítico de las Defensorías y advirtió que el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables pende de un hilo. A través de un comunicado, el gremio habló de una "gravísima situación" y de un "progresivo deterioro de las condiciones" en las que trabajadores y trabajadoras deben garantizar el servicio todos los días.

No es un reclamo aislado. En las últimas semanas, el Sitraj ya había denunciado el colapso laboral que golpea principalmente a las Defensorías y al Ministerio Público, y venía reclamando incorporación de personal, concursos de ascenso y equiparación de bonificaciones.

El ajuste que golpea a los más vulnerables

El sindicato vinculó la situación con el contexto nacional. "Las políticas de ajuste, el achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de las provincias tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de nuestra sociedad y, especialmente, sobre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad", señalaron.

Entre los sectores afectados enumeraron a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes que reclaman el cumplimiento de sus derechos alimentarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad. "Cuando el Estado se retira, cuando se reducen recursos y cuando se desatienden las políticas públicas, quienes primero sienten sus consecuencias son los sectores que más necesitan protección", plantearon.

Más dependencias, los mismos trabajadores

Las Defensorías cumplen una "función esencial", reconoció el gremio, pero quienes trabajan en ellas atraviesan una situación de "creciente precarización y abandono". Los problemas son varios: falta de personal, ausencia de nuevos ingresos, sobrecarga por renuncias y jubilaciones que no se reemplazan, y falta de concursos de ascenso. Según el sindicato, esto también provoca la pérdida de trabajadores con experiencia y formación específica.

Uno de los puntos más duros del comunicado apunta a la creación de nuevas dependencias. "Durante 2025 fueron creadas dos nuevas Defensorías sin que se haya incorporado un solo trabajador o trabajadora para garantizar su funcionamiento", afirmaron.

A eso sumaron el reclamo por las bonificaciones, que consideran insuficientes y distribuidas de manera desigual respecto del Superior Tribunal de Justicia, tanto en cantidad como en porcentaje. Según el Sitraj, esa distribución queda por debajo de lo establecido en el Acta Paritaria Sectorial N.º 026/14.

La preocupación por la falta de recursos humanos también fue expresada por la Asociación de Defensores, Defensoras y Asesoras y Asesores Públicos, que respaldó el reclamo sindical y sostuvo que la creación de nuevas dependencias sin la correspondiente asignación presupuestaria profundiza la precarización.

Oficinas hacinadas y sin ventanas

El comunicado también puso el foco en las condiciones edilicias. Desde el sindicato afirmaron que en varias dependencias los trabajadores deben desarrollar sus tareas en espacios "que en muchos casos resultan indignos".

Mencionaron oficinas hacinadas, lugares sin ventanas que permitan una adecuada renovación del aire y ámbitos improvisados que, según señalaron, no reúnen las condiciones necesarias para garantizar un ambiente laboral saludable y seguro.

Pero para el Sitraj el problema excede las condiciones materiales. "Existe una cuestión aún más profunda: el abandono y el desconocimiento de la importancia de las tareas que realizan quienes trabajan en las Defensorías", señalaron.

"Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que cumplen una función esencial para garantizar derechos y que constituyen, muchas veces, el primer y único contacto que tienen los sectores más vulnerables con el sistema de Justicia", remarcaron.

En ese punto, el gremio resumió su planteo en una definición: "No hay acceso a la Justicia sin trabajadores que puedan garantizarlo en condiciones dignas".

Finalmente, el sindicato sostuvo que no puede recaer sobre los trabajadores la responsabilidad de sostener un servicio esencial mediante la sobrecarga laboral y el esfuerzo personal. "No se puede exigir que las y los trabajadores sostengan con su esfuerzo, su sobrecarga laboral y hasta con el costo de su propia salud un servicio esencial que es responsabilidad del Estado garantizar", plantearon.

"La defensa pública es el único puente entre los sectores más vulnerables y la Justicia. Si ese puente se rompe, lo que se silencia es la voz de quienes menos tienen", concluyeron.