El SENASA dijo no a los ganaderos y el conflicto por las caravanas electrónicas termina en la Justicia

El organismo sanitario desestimó el reclamo administrativo de productores cordobeses que calificaron la medida como “inútil y costosa”. Ahora, los criadores preparan amparos para llevar el debate a los tribunales federales.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) rechazó de manera oficial el recurso presentado por un grupo de ganaderos que buscaba frenar la obligatoriedad de las caravanas electrónicas en terneros nacidos desde este año. La resolución, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz “Pilu” Giraudo, cierra la vía administrativa y abre paso a un litigio judicial en el fuero federal.

La polémica comenzó cuando el productor cordobés Carlos Baravalle, vicepresidente de Bases Federadas, junto a otros criadores, impugnó la normativa. El centro de la queja es el impacto económico: según estimaciones del sector, la transición del sistema de identificación por lote a la trazabilidad individual con chips supera los US$30 millones, un gasto que los criadores consideran irrecuperable en el precio final de la hacienda.

¿Qué dijo el SENASA?

En los fundamentos del rechazo, el SENASA reconoció que la identificación electrónica no busca optimizar los indicadores productivos de los establecimientos, sino robustecer la trazabilidad sanitaria y epidemiológica nacional. Las autoridades destacaron que los dispositivos permiten lecturas inequívocas, automatizan registros, disminuyen errores y agilizan la respuesta ante emergencias sanitarias.

Para los dirigentes rebeldes, este reconocimiento es la prueba de que el discurso oficial sobre la mejora en la eficiencia interna era falso. Baravalle denunció que la medida obedece solo a exigencias burocráticas y comerciales ajenas al productor. Con la resolución en mano, los ganaderos tienen 180 días para formalizar sus demandas en la Justicia.

Falta de diálogo y costos millonarios

El descontento se agrava por la falta de canales de diálogo con el Poder Ejecutivo. Los grupos afectados denunciaron que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se negó sistemáticamente a conceder audiencias para discutir modificaciones o prórrogas al programa de chipeado.

La política oficial, inicialmente impulsada por la Secretaría Coordinadora de Producción, contemplaba una licitación internacional para que el Estado adquiriera 24 millones de dispositivos y los distribuyera de forma gratuita. Sin embargo, tras la anulación del proceso por fallas en su confección, las autoridades trasladaron el costo a veterinarias y productores: cada chip cuesta entre US$1,50 y US$2, y los bastones lectores promedian entre US$500 y US$800. El conflicto promete escalar en los tribunales mientras el malestar en las bases ganaderas sigue en ascenso.