El senador Rejal se planta contra la reforma de la Ley de Tierras y alerta sobre el avance extranjero

El senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, salió al cruce de la reforma a la Ley 26.737 y advirtió que los cambios propuestos abren la puerta a una mayor extranjerización del territorio argentino. En diálogo con Aquí & Ahora, el legislador recordó que su provincia fue una de las impulsoras de la normativa original y cuestionó duramente el nuevo proyecto.

“Nuestra provincia fue impulsora de esta ley para que no se permitiera la venta indiscriminada de las propiedades argentinas”, afirmó Rejal, quien sostuvo que la iniciativa actual no apunta a solucionar los problemas estructurales del país sino a beneficiar a capitales extranjeros.

¿Por qué rechaza la reforma?

El senador explicó que la Ley 26.737, sancionada hace años, establece límites claros a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y protege recursos estratégicos. Sin embargo, la reforma en debate –según Rejal– desanda ese camino y favorece la concentración de tierras en manos foráneas.

“Esta ley, tal cual ha sido concebida y como ha llegado al Senado, no soluciona los problemas de la Argentina. Tampoco está hecha para las inversiones argentinas, sino para las extranjeras, porque reforma la ley de extranjerización de tierras”, disparó el legislador.

En ese sentido, Rejal cuestionó el alcance de la modificación y aseguró que no promueve el desarrollo de inversiones nacionales ni resuelve las necesidades del campo argentino.

Un rol activo desde La Rioja

El senador recordó que La Rioja tuvo un papel clave en la sanción de la normativa vigente, buscando evitar la venta indiscriminada de propiedades argentinas y garantizar herramientas de protección para el patrimonio territorial. “Cuando me tocó hablar, consulté en su momento a qué se refería la reforma. Nuestra provincia fue impulsora”, señaló.

Rejal ratificó su postura en defensa de la ley actual y consideró que cualquier modificación debe priorizar la soberanía sobre los recursos, el desarrollo productivo nacional y la protección de los intereses estratégicos del país.