El Senado aprobó la reforma de Zona Fría con un recinto semivacío y un acuerdo que nadie firmó

La última votación de la sesión se resolvió en un recinto semivacío y con un dato que el oficialismo no tardó en capitalizar: 38 votos a favor y 8 en contra alcanzaron para convertir en ley la reforma del régimen de Zona Fría. El respaldo llegó después de que los senadores del norte aceptaran acompañar el proyecto a cambio de una promesa: un esquema de subsidios eléctricos para las provincias cálidas que llegaría por resolución del Ejecutivo.

Unión por la Patria había decidido vaciar el recinto para forzar la caída del quórum. La jugada no prosperó. El santacruceño José María Carambia, esquivo al oficialismo, pidió un cuarto intermedio, y el puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, estiró quince minutos la contemplación y le cedió la palabra a la chubutense Edith Terenzi. Ese margen le permitió a los legisladores libertarios volver a la Cámara y acelerar la votación.

El tablero final mostró un mapa de voluntades más geográfico que partidario. Acompañaron todos los aliados norteños: salteños, tucumanos, misioneros, catamarqueños y radicales correntinos. En el rechazo se alinearon con el peronismo los representantes de las provincias donde impacta el nuevo régimen: santacruceños, radicales bonaerenses, mendocinos, santafesinos y pampeanos.

La promesa de la «zona cálida»

En la previa, la chaqueña Silvina Schneider (UCR) blanqueó el acuerdo: existe un «acuerdo realizado por el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores norteños» que consiste en subsidios a las tarifas eléctricas y que establecería un régimen de «zona cálida». La expectativa de los aliados es que se instrumente por resolución y que alcance incluso a distritos que no aportaron votos, como Formosa.

El justicialismo salió al cruce ya consumado el triunfo oficialista: «Sólo circulan rumores acerca de armar alguna resolución administrativa, pero a modo de promesa», sostuvo a través de un comunicado.

La salteña Flavia Royón, alineada con el oficialismo, defendió el cambio: «Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables». Y agregó: «La zona fría ampliada reemplaza el beneficio de zona fría por una bonificación y un subsidio focalizado».

El radical bonaerense Maximiliano Abad fue frontal: «La ampliación del 2021 se fue construyendo a partir de voluntades que se iban sumando y se iba ampliando el régimen de zona fría con el objetivo de sancionar la ley. Lo que hoy está ocurriendo va en la misma dirección: suman voluntades a cambio de un DNU para subsidiar la electricidad para zonas cálidas del país». Y sentenció: «No voy a votar una ley que es injusta, arbitraria, que no tiene rigor técnico, porque esta ley perjudica a mi provincia de Buenos Aires».

Qué cambia con la nueva ley

La reforma modifica el texto aprobado en 2021 —con 190 votos en Diputados y 51 en el Senado—, que había incorporado a más de 3 millones de hogares de diez provincias a un esquema de subsidios de entre el 30% y el 50%. Aquel régimen alcanzaba a regiones de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

El nuevo esquema conserva la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, y mantiene los beneficios de la zona ampliada de forma focalizada para quienes no superen tres Canastas Básicas, cifra que hoy ronda los $4,8 millones. Los subsidios se otorgarán bajo el modelo de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que también alcanzará a personas con discapacidad y ex combatientes.

Según el artículo 4, el Estado se hará cargo de la «cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)». A cambio, las compañías deberán renunciar a «la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos» contra el Estado nacional por la declaración de emergencia.

El subsidio seguirá vigente en el consumo de gas de los usuarios de bajos recursos, pero no en los cargos fijos ni en transporte y distribución, categorías que representan cerca del 60% de la factura. El artículo 8° establece que el ENARGAS perderá la potestad de «limitar el traslado» de costos a los consumidores cuando los precios acordados excedan los negociados por otros distribuidores. Además, se derogan los artículos del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

La Secretaría de Energía estimó en u$s400 millones anuales el ahorro fiscal del nuevo esquema. Esos fondos se destinarían a pagar deudas con las distribuidoras y a reducir el recargo del 7,5% que pagan todos los usuarios por transporte energético, hasta llevarlo de manera paulatina al 5,85%. El Gobierno sostiene que 1,6 millones de hogares dejarán de recibir subsidios; la oposición eleva la cifra a 2,5 millones.