El Senado aprobó la ley de carbono: qué esconde el negocio verde que ya genera ruido
Una senadora salteña redactó el proyecto, el Senado lo aprobó de noche y el sector productivo lo venía pidiendo hace años. Pero los ambientalistas encontraron algo en la letra chica que los dejó en alerta.
El Senado convirtió en media sanción el marco regulatorio de los mercados de carbono en la Argentina. La votación se resolvió cerca de las 23 y reunió 59 votos afirmativos. El texto, redactado por la senadora salteña Flavia Royón, apunta a desarrollar sistemas de compensación de emisiones y a desbloquear convenios que ya se negocian entre provincias y con iniciativas internacionales. Ahora el proyecto pasa a Diputados.
Detrás de esa aprobación hay dos lecturas que chocan. Para el sector productivo, la norma llega a cubrir un vacío que reclamaba desde hace años. Para buena parte del ambiente, en cambio, se avanzó demasiado rápido y sin las condiciones para que estos mecanismos funcionen sin daño.
Qué puede dejar la ley en el territorio
Los créditos de carbono permiten que quien emite gases de efecto invernadero compense su impacto financiando proyectos que capturan o reducen esas emisiones. En la práctica, eso puede traducirse en programas de conservación de bosques, pero también en ingresos para productores agrícolas y para los propios gobiernos provinciales.
El atractivo económico es evidente: se abre una fuente de financiamiento para el campo y para las administraciones locales. El punto es bajo qué reglas se van a certificar esos créditos y quién controla que lo que se vende como conservación realmente lo sea.
Las advertencias que no se escucharon
Organizaciones especializadas en política ambiental, como el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con exfuncionarios consultados por LA NACION, cuestionaron la velocidad con la que se trató la iniciativa. Su principal objeción: sin una política climática definida a nivel nacional, los mercados de carbono pueden terminar incentivando más deforestación en lugar de frenarla.
“Argentina no tiene hoy institucionalidad en política climática. Que aprobaran este proyecto en el Senado es de una irresponsabilidad total”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional e integrante del CPA.
Greenwashing y otros riesgos en la letra chica
A nivel global, estos mecanismos se presentan como una herramienta para generar recursos y cuidar el ambiente. Sin embargo, también acumulan críticas de grupos ambientalistas. Entre los reparos más repetidos aparecen las dificultades para monetizar las emisiones y las estrategias de algunas corporaciones para hacer greenwashing.
A eso se suman otros riesgos señalados: el blanqueo de madera proveniente de la tala ilegal, el acaparamiento de tierras y la plantación de monocultivos forestales presentados como proyectos verdes. Son los puntos que el debate en Diputados deberá atender si el objetivo es que el negocio de los créditos no se convierta en un problema ambiental.
