El Senado de Salta dio media sanción y las 17 familias celebraron, pero todavía no son dueñas de la tierra: el proyecto pasó a Diputados y las condiciones para escriturar son más duras de lo que parece.
El Senado de Salta dio media sanción al proyecto que autoriza la adjudicación de tierras a ocupantes de Salta Forestal, en lo que constituye una primera etapa que alcanza a 17 familias de un total de 110. La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La aprobación se concretó durante la sesión y fue impulsada por la senadora por Anta, Alejandra Navarro, quien destacó que detrás del expediente hay familias con varias generaciones de permanencia en el territorio pero sin títulos formales de propiedad.
"Hace unos años parecía imposible estar tratando este proyecto", expresó la legisladora al explicar el alcance de la iniciativa.
Una primera etapa entre 110 familias
Navarro precisó que los beneficiarios de esta primera tanda ya fueron relevados y que sus acuerdos necesitan la ratificación legislativa prevista en la Ley 8500.
"No se trata de un acto discrecional ni de un privilegio, se trata de la primera etapa de un universo mayor, hablamos de 110 familias", sostuvo.
La senadora explicó que la normativa establece un procedimiento para relevar a los ocupantes, formalizar convenios y someter esos acuerdos a la aprobación de la Legislatura. Por eso, la media sanción no implica que los títulos ya hayan sido entregados: el proyecto pasó a Diputados en revisión.
Familias que estaban antes de Salta Forestal
Uno de los ejes de la exposición de Navarro fue la historia de los pobladores. Según la legisladora, cuando se constituyó Salta Forestal S.A., el territorio ya estaba habitado por familias criollas dedicadas a la producción.
Navarro indicó que existen registros de puestos con más de cien años de ocupación: "El Estado no partió de un lote baldío sino de un territorio vivo con productores sin títulos formales, pero con permanencia", afirmó.
También cuestionó el trato que recibieron los habitantes históricos y relató que, durante el proceso de privatización y explotación de fines de los años noventa, hubo desalojos y destrucción de viviendas y bienes de las familias, según su exposición en el recinto.
Para Navarro, avanzar con la regularización representa una respuesta a una deuda jurídica y social.
Las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios
Durante el debate, la senadora detalló los requisitos previstos para las adjudicaciones:
- La superficie no puede superar las 1.200 hectáreas.
- La tierra debe constituir el principal medio de vida de los beneficiarios.
- Los predios deben mantenerse en producción.
- No podrán enajenarse durante los próximos diez años.
Estas obligaciones vinculan la regularización de la propiedad con la continuidad del trabajo productivo de las familias.
"Aprobar esta ley no es un acto de generosidad, es el cumplimiento estricto de un mandato que esta misma Legislatura se impuso hace un año al sancionar la Ley 8500", sostuvo Navarro.
Con la aprobación del Senado, la definición legislativa quedó ahora en manos de Diputados.
