El robo de una camioneta municipal terminó con tres condenas y una absolución
Un abogado, un empleado municipal y otro hombre terminaron ante la Justicia después de que desapareciera una camioneta del canchón de Salta. Lo que encontraron los investigadores en el medio, y quién terminó absuelto.
La sustracción de una camioneta del canchón municipal de Salta, ocurrida en enero de 2024, derivó en un proceso judicial que este martes llegó a su fin con tres condenas y una absolución. El caso, que comenzó con la desaparición del vehículo, terminó destapando una serie de delitos que incluyeron peculado, falsificación de documentos y resistencia a la autoridad.
En la audiencia de cesura, y luego de escuchar los alegatos de las partes, el juez impuso a Martín Miguel Poma Ovejero, abogado, la pena de seis años y un mes de prisión de ejecución efectiva. Fue hallado partícipe necesario del delito de peculado y autor de dos hechos de falsificación de instrumento público, daño doblemente agravado, resistencia a la autoridad, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y un hecho de desobediencia judicial, todo en concurso real. Además, el magistrado dispuso su arresto domiciliario cautelar por seis meses y ordenó su inmediata detención al finalizar la audiencia.
Las otras condenas y la absolución
César Eduardo Acosta fue condenado a nueve meses de prisión efectiva por ser autor del delito de resistencia a la autoridad. El tribunal también ordenó remitir copias del fallo al Juzgado Federal 2 de Salta para que se proceda a la unificación de penas.
En tanto, Julio Alberto Conte, empleado municipal, fue hallado autor del delito de peculado y deberá cumplir dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, más inhabilitación absoluta perpetua.
Por su parte, Ramiro Mauricio Maldonado Blanque, quien había sido imputado inicialmente como conductor del vehículo, fue absuelto al no encontrar el tribunal elementos suficientes para condenarlo.
En el proceso intervino la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, mientras que la defensa de los acusados estuvo a cargo de Marcos Gorriti y María de la Paz Saravia (defensora oficial penal).
