El repudio al caso de bullying en Catamarca terminó con nombres y teléfonos expuestos en redes

La historia de la adolescente de 17 años que denunció la difusión de material íntimo sin su consentimiento y una seguidilla de hostigamientos en el ámbito escolar dejó de ser un tema catamarqueño. Este viernes, la palabra "Catamarca" se metió entre las tendencias de X y el caso saltó a la agenda de los medios nacionales.

Pero junto al reclamo de justicia apareció otra cosa. Un relevamiento de publicaciones que hizo INFORAMA detectó que decenas de usuarios empezaron a circular nombres completos, fotos, presuntos teléfonos, cuentas de redes y hasta referencias a clubes a los que irían algunos de los jóvenes señalados.

Nada de eso pudo verificarse. Tampoco está comprobado que las personas apuntadas en las redes sean las mismas que la Justicia tiene bajo la lupa.

De la bronca al escrache

Las publicaciones se multiplicaron a medida que el caso ganaba repercusión. En algunos posteos aparecen imágenes de supuestos partícipes de las agresiones; en otros, datos de contacto y perfiles personales. También hay mensajes que llaman a exponer a los acusados, con insultos y expresiones de odio.

El escenario es delicado por un motivo central: tres de los imputados en una de las causas son adolescentes, y su identidad y su intimidad están protegidas por ley. La cuarta señalada, una joven de 18 años investigada por los hostigamientos, es mayor de edad, pero eso tampoco habilita a difundir su información privada ni a amenazarla.

A eso se suma un riesgo concreto: alguien sin ninguna relación con el expediente puede quedar expuesto a un señalamiento público por un dato falso.

Qué es el doxing y por qué preocupa

Publicar información personal en internet con la intención de exponer, intimidar o perjudicar a alguien se conoce como doxing o doxxeo. Puede incluir teléfonos, domicilios, cuentas, fotos o cualquier dato que permita identificar o ubicar a una persona.

No toda difusión de datos privados es delito, pero según el contexto y las características puede generar responsabilidades legales. En este caso, lo que circula en X no prueba nada sobre la participación de los mencionados en los hechos investigados. Un nombre viralizado no reemplaza una investigación judicial ni acredita culpabilidad.

El caso que llegó a los medios nacionales

La repercusión creció en las últimas horas con coberturas de La Nación, Infobae y eltrece, que difundieron los hechos denunciados y el video donde una estudiante relata los hostigamientos contra su compañera. La circulación de ese registro, sumada a la causa por las imágenes íntimas, disparó la reacción pública.

En paralelo, estudiantes y familiares se manifestaron frente al colegio para acompañar a la víctima y pedir respuestas institucionales. El Ministerio de Educación provincial también intervino: solicitó explicaciones al establecimiento sobre lo ocurrido y sobre las medidas tomadas para proteger a los alumnos.

Cuatro señalados, dos causas

La Justicia de Catamarca trabaja en dos investigaciones que tienen a la misma víctima en el centro.

La primera la lleva el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, que imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de material sexual con una persona menor de 18 años. Las defensas de dos de ellos pidieron la nulidad de la imputación; uno de esos planteos llegó a apelación y todavía no hay resolución.

La segunda está a cargo de la fiscal Paola González Pinto y apunta a los hostigamientos denunciados contra una joven mayor de edad, la misma que difundió un video donde relató su participación en las agresiones. Hasta la última información conocida, esta cuarta joven no había sido imputada formalmente.

Las situaciones procesales son distintas y ninguna de las dos causas terminó con una sentencia que fije responsabilidades penales.

El riesgo de sumar otra vulneración

Hay una contradicción en el centro de todo esto: parte del repudio por la intimidad vulnerada de una estudiante se está expresando con la difusión de información privada de otras personas.

Eso no le resta gravedad a los hechos denunciados ni deslegitima los pedidos de justicia. Pero reclamar responsabilidades no habilita a publicar datos personales, promover amenazas ni atribuir culpas que la Justicia todavía no estableció.

Hay un detalle más: exponer datos que permitan identificar a compañeros de colegio también puede facilitar que se identifique de forma indirecta a la propia víctima, cuya intimidad debe resguardarse.

Mientras las fiscalías intentan esclarecer lo ocurrido, el caso sigue creciendo en las redes y abre un debate sobre dónde está el límite entre la denuncia pública, el reclamo de justicia y el hostigamiento digital.