El registro de deudores alimentarios de Salta no para de crecer: ya son 2080

El Registro de Deudores Alimentarios de Salta superó las 2.000 personas inscriptas y hoy alcanza las 2.080, según informó la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia provincial, Blanca Ferri. A principios de año la nómina tenía unos 1.680, por lo que el incremento ronda las 400 personas en pocos meses.

"Ha habido un crecimiento bastante interesante en estos meses que han transcurrido de la nómina de los deudores", señaló Ferri. En paralelo, las bajas son escasas: se registra un promedio de una o dos por mes y, como máximo, cuatro salidas mensuales.

Quiénes pueden salir del registro

Las bajas se producen cuando la persona alimentada alcanza la mayoría de edad, cuando las partes llegan a un nuevo acuerdo o cuando se saldan las deudas que habían motivado la inscripción. Llegar al Registro no es el primer paso: antes se agotan instancias conciliatorias, de mediación, judiciales, intimaciones y apercibimientos.

La finalidad no es castigar al deudor, sino funcionar como herramienta disuasiva. "No es castigar a la persona sino disuadirla", expresó Ferri, con el objetivo de que asuma la responsabilidad de cumplir con la cuota u ofrecer una solución.

Cómo se fija la cuota alimentaria

Para establecer una cuota, los jueces evalúan primero las necesidades de quien recibe los alimentos: edad, alimentación, vestimenta, vivienda, salud y, cuando corresponde, situaciones de discapacidad. También pesa si se trata de un bebé, un niño, un adolescente o una persona mayor de edad que sigue estudiando. Se suma el nivel de vida que tenía el grupo familiar durante la convivencia y las posibilidades económicas de quien debe pagar.

En términos generales, con uno o dos hijos la cuota definitiva puede oscilar entre el 20%, 25% y 30%. Con más de dos hijos, el porcentaje puede subir al 30%, 40% o 50%, siempre que no exista un acuerdo entre las partes. Ferri aclaró que no son porcentajes automáticos: las partes también pueden pactar montos fijos o porcentuales.

Cuando hay empleo registrado, los ingresos se determinan con mayor precisión y sobre ellos pueden aplicarse embargos. Con trabajo informal, la situación se vuelve más compleja por falta de información concreta, y ahí el Registro adquiere especial relevancia.

Además de las restricciones legales, los jueces pueden disponer otras medidas: prohibir el acceso a billeteras virtuales y trabar embargo sobre ellas, impedir que la persona emita escrituras públicas o registre derechos reales y, en determinados casos, prohibir la salida del país.

Pagos en especie y acuerdos que no siempre se sostienen

Otra situación frecuente son los pagos en especie: el deudor ofrece cubrir gastos como actividades extracurriculares, cuota escolar, club, ropa o mercadería. También aparecen regímenes de comunicación quincenales o de dos fines de semana por mes.

Ferri explicó que estos planteos deben analizarse dentro de cada proceso judicial y que no liberan automáticamente de pagar la cuota. Si se acredita que el obligado no tiene medios suficientes, el juez puede considerar los aportes en especie; en otros casos pueden rechazarse si se entiende que buscan evadir la obligación principal.

La mediación y los acuerdos se priorizan en los procesos de familia, pero alcanzar un acuerdo no garantiza que la obligación se mantenga. Ferri señaló que hay casos de personas dadas de baja del Registro que, tiempo después, vuelven a recibir una orden judicial para inscribirlas otra vez, lo que permite advertir que el acuerdo anterior pudo haber sido incumplido. Entre las circunstancias que los deudores suelen invocar aparecen la pérdida del trabajo, cambios en la situación económica o demoras en los pagos, además de incumplimientos vinculados con conflictos entre los adultos.

El control en las canchas

Quienes figuran en el Registro pueden ser impedidos de ingresar a partidos de fútbol. El control se realiza mediante Tribuna Segura, del Ministerio de Seguridad de la Nación, y está vigente en Salta hace más de un año.

El Poder Judicial de Salta envía periódicamente la información de su Registro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la que mantiene un convenio desde hace años. Esa información se transmite a Tribuna Segura y luego se incorpora a los controles en las distintas provincias. Así, una persona que concurra a una cancha puede ser identificada y, si figura en el Registro, se le puede impedir el ingreso. Ferri destacó que la medida está contemplada por la Ley Provincial.

"En el fuero de familia tenemos presente este principio de solidaridad familiar, lo que se busca siempre en estos procesos justamente es la conciliación, el acuerdo de partes, pese a que ya han llegado a la instancia judicial", señaló Ferri. Y puso el foco en los involucrados, especialmente niños, personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad. "Se afectan realmente ellos", advirtió, al señalar que al perjuicio emocional de la desintegración familiar se suma el costo económico del proceso judicial.

"Esa persona vulnerable, ya sea porque es un menor de edad o porque es una persona que ya es más grande, está sufriendo o ha sufrido esta desintegración familiar, además está sufriendo esto económico y es como volver a revictimizarlo en un problema de la falta de acuerdo entre los adultos", concluyó.