El reclamo de los taxistas que pone en jaque al nuevo carnet profesional en la Provincia
Los taxistas de la Región le plantaron cara a la Provincia por el nuevo carnet profesional. El costo del trámite se dispararía y el sector pide frenar la medida. ¿Qué dijo Kicillof?
Un frente de entidades que agrupan a los taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada le envió una carta al gobernador Axel Kicillof para frenar la implementación del nuevo carnet profesional. El principal motivo: un salto en los costos que consideran "excesivo" para el bolsillo del sector.
¿Quiénes firman el reclamo?
La nota lleva las rúbricas de la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), Taxistas Unidos La Plata, la Asociación Civil Taxistas 7 y 51, la Asociación de Propietarios de Taxis (APT), el Sindicato de la calle 43 y representantes de los servicios de taxis de Berisso y Ensenada.
En el escrito, las organizaciones sostienen que la normativa fue lanzada sin consenso con los trabajadores y que no se tuvo en cuenta la realidad económica que atraviesa la actividad.
El detalle que encendió las alarmas
Uno de los ejes del reclamo es el costo del trámite. Tal como lo señalaron los representantes del sector, la renovación del carnet pasaría de valer cerca de 22.000 pesos a unos 300.000 pesos. Un incremento que, según advirtieron, representa una carga económica difícil de afrontar para quienes dependen exclusivamente del taxi para sostener a sus familias.
Además, remarcaron que el servicio ya está sujeto a controles municipales y que los vehículos cuentan con las habilitaciones correspondientes otorgadas por las autoridades locales.
¿Por qué lo consideran recaudatorio?
Las entidades calificaron la medida como un mecanismo con fines recaudatorios y señalaron que no responde a las características específicas de la actividad. En ese sentido, recordaron que los taxis pueden trasladar pasajeros hacia cualquier punto del país, pero no están autorizados a captar viajes fuera de sus jurisdicciones de origen.
Por eso, solicitaron la suspensión inmediata de la normativa y propusieron la apertura de una mesa de trabajo con representantes del Gobierno provincial para analizar alternativas y diseñar políticas consensuadas.
