El radar de Tolhuin: llegan nuevas testimoniales y apuntan a funcionarios clave

La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fueguina avanza con una nueva ronda de declaraciones testimoniales para esclarecer cómo se autorizó e instaló el radar de LeoLabs en Tolhuin. El objetivo: determinar si hubo responsabilidades políticas en un caso que despertó fuertes cuestionamientos por soberanía y vínculos locales.

El presidente de la comisión, Pablo Villegas (MPF), anticipó que todavía hay organismos que no entregaron la documentación requerida, y apuntó especialmente contra la Dirección Provincial de Energía (DPE) por las demoras.

“No se trata de un acto de buena voluntad, sino del cumplimiento de una obligación legal de poner a disposición de esta Comisión la información pública requerida”, afirmó Villegas.

¿Quiénes serán citados a declarar?

Entre los próximos convocados figuran el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el exsenador Pablo Blanco; el exministro de Defensa Jorge Taiana y autoridades militares que participaron del análisis del radar.

“La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no”, sostuvo el legislador.

El origen del caso: cómo llegó el radar a Tierra del Fuego

El expediente se remonta a 2022. LeoLabs Argentina SRL fue constituida el 30 de marzo de ese año e inscripta en la provincia en abril. En noviembre, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Nación autorizó de manera precaria una estación destinada al seguimiento de objetos en órbita baja. La Provincia, por su parte, había aprobado actuaciones ambientales vinculadas con el proyecto.

La controversia explotó en 2023, cuando Defensa advirtió sobre las implicancias estratégicas de la instalación en Tierra del Fuego, particularmente por la disputa de soberanía sobre Malvinas. Nación terminó cancelando la autorización en agosto.

El episodio abrió acusaciones cruzadas entre el Gobierno Nacional, el Provincial, referentes políticos y sociales.

Los vínculos que generaron sospechas

LeoLabs Argentina tenía como socios a sociedades constituidas en el exterior, mientras que la controlante internacional tiene sede en Estados Unidos. La compañía rechazó las acusaciones que pretendían vincularla con intereses británicos.

Otro foco estuvo puesto sobre los representantes locales. Pablo Renán Bilbao figuró como representante legal de LeoLabs Argentina, mientras María Victoria Cerone y Diego Alberto Mancini Loiácono fueron mencionados como integrantes de la estructura vinculada a la firma.

Cerone fue vinculada al entorno de la entonces diputada nacional Mabel Caparrós; también se señalaron vínculos familiares y profesionales de Bilbao con la exdiputada. En el caso de Mancini Loiácono, se destacó que es hijo de Juan Alberto Mancini Loiácono, quien ocupó cargos en la Dirección Provincial de Energía y posteriormente en áreas del Gobierno provincial. Esos vínculos alimentaron cuestionamientos políticos sobre la llegada y tramitación del proyecto.

En abril de 2026, la Justicia fueguina declaró en primera instancia la nulidad de la inscripción de LeoLabs Argentina SRL.

¿Qué busca la comisión?

Ahora la Comisión pretende reconstruir toda la cadena de decisiones y determinar eventuales responsabilidades.

“Nuestro objetivo es conocer la verdad histórica sobre cómo y por qué se instaló este radar en Tierra del Fuego, cuál fue la intervención de las autoridades provinciales y cuáles fueron los procedimientos administrativos que lo hicieron posible”, precisó Pablo Villegas.