El puerto de Ushuaia que Milei se llevó por la fuerza: el informe que expone la maniobra

La intervención del Puerto de Ushuaia, ordenada por el Gobierno de Javier Milei el pasado 20 de enero, desató un escándalo que ahora sale a la luz con un demoledor informe de C5N. Mientras la provincia de Tierra del Fuego reclama en la Justicia una caja de 22.000 millones de pesos anuales, el Ejecutivo nacional administra ese dinero sin dar explicaciones.

La periodista Felicitas Bonavitta, en una investigación para la señal de noticias, reveló cómo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se apropió de una terminal estratégica bajo la excusa de supuestas irregularidades financieras y estructurales. Pero lo que más indigna es el doble discurso: "El Gobierno nacional, que les revolea a las provincias que se hagan cargo de su Salud, su Educación, sus rutas, en este caso se manotea un puerto que es de una provincia", disparó Bonavitta.

Un enclave clave en el fin del mundo

El puerto fueguino, ubicado sobre el Canal de Beagle y a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, es la puerta de entrada a la Antártida y un paso bioceánico que recibe 700 buques y unos 250.000 turistas al año. Su control no es solo económico, sino también geopolítico.

El drama social no se hizo esperar. Tras la llegada del interventor Fernando Ariel Polici —cuestionado por sus antecedentes en el PAMI fueguino— y del director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, vinculado al grupo Mirgor, 140 trabajadores fueron desplazados de sus puestos y esperan un fallo judicial que los restituya.

El cronista local Guillermo Worman, de Diario del Fin del Mundo, describió el operativo: "La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy". Un operario afectado comparó su expulsión con ser tirado "como si fuera una basura".

Contratos que explotan: de 6,5 a 563 millones

La investigación puso el foco en las adjudicaciones irregulares. El servicio de limpieza portuaria, por ejemplo, pasó de 6,5 millones a 563 millones de pesos en apenas un semestre, un salto que no encuentra justificación en los pliegos.

Pero hay más: a seis días de la intervención, un avión militar de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia con una delegación de congresistas. Las sospechas apuntan a acuerdos bilaterales para ceder control logístico norteamericano en el paso interoceánico.

El informe también señaló los intereses de empresarios cercanos al poder central, como Nicolás Caputo y Gustavo Elías, mientras el gobierno provincial agota las vías legales para recuperar su principal activo logístico. La pregunta es: ¿hasta cuándo podrá el Ejecutivo sostener esta usurpación?