El proyecto turístico que avanza sobre el glaciar y la advertencia que nadie quiere escuchar

El exdiputado Oscar Bellini cuestionó duramente el decreto que habilita un emprendimiento turístico en Península de Magallanes y advirtió que tendrá un "efecto directo" sobre el medioambiente. Lo hizo en diálogo con La Parada, por Tiempo FM 97.5, donde repasó la historia de protección del área y las obligaciones legales que, según él, se están ignorando.

Bellini recordó que la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1981, "no de casualidad sino para ser preservada a perpetuidad". Y explicó que con los años se fueron reduciendo la carga de visitantes y las pernoctes porque se comprobó que ese proceso atentaba contra la estabilidad del bosque.

"Todo el bosque de la Península es un bosque rojo, estudiado por el Instituto Forestal Nacional y por distintos institutos, y no es un bosque que permita manejo", remarcó. Por eso, dijo, la noticia del proyecto los tomó por sorpresa: "Hay muchas inversiones, pero se suponía que no iba a estar metida arriba del glaciar directamente".

Un área intangible, no una simple reserva

El exlegislador, que trabajó en la protección del área durante su paso por la Legislatura, aclaró que no se trata de una reserva común. "Todo el mundo habla de la reserva, no es una reserva, es un área intangible, es un parque provincial con máximo nivel de preservación", afirmó.

En ese marco, mencionó los compromisos internacionales asumidos por el país: "Tenemos pactos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que nos obligan a que las áreas que nosotros hemos declarado como de máxima protección no pueden ser destruidas así porque sí".

Bellini contó que junto al constitucionalista Daniel Sabsay impulsaron tres modificaciones de leyes que reconocieron al propietario, pero con una restricción al dominio establecida por ley. "Lo que puede hacer el propietario de esa tierra es vivienda particular", detalló. Y si decide vender, la provincia tiene derecho de preferencia: "El escribano que interviene en la operación tiene la obligación de informar formalmente al Gobierno provincial y, en igualdad de condiciones, la provincia tiene el derecho de la compra".

Frente a eso, se preguntó: "¿Por qué en vez de que se lo compre un capital privado de Dubái o argentino, no importa de dónde sea, por qué no lo compra la provincia?".

Una alternativa para financiar la compra

Si la provincia no tiene recursos, Bellini planteó que "hay cientos de instituciones filantrópicas a nivel mundial que pueden invertir en áreas naturales protegidas". Según explicó, ese mecanismo "evitaría todos estos conflictos, permitiría que la provincia vuelva a tener en su dominio este territorio y no se perjudicaría a nadie".

Como antecedente, mencionó las adquisiciones de Douglas Tompkins en la región: "Así como Tompkins en su momento compró Monte León, El Rincón y varias estancias en Santa Cruz y se las donó al gobierno provincial y nacional, lo mismo hizo en Chile".

También destacó el valor del turismo gestionado a escala local: "La industria del turismo manejado a nivel familiar, como se maneja en la mayoría de los pueblos de Europa y como se venía manejando originalmente en Calafate, es la industria que mayor distribución de la riqueza genera en la comunidad".

"No hay nadie que controle"

Otro de los ejes de su crítica fue la falta de control. "¿Quién va a hacer el control de este manejo? ¿Existe en la provincia un Sistema Provincial de Áreas Protegidas?", se preguntó. Y respondió: "La provincia de Santa Cruz es la provincia con mayor extensión en áreas protegidas. ¿Cuántos empleados tiene el sistema? Nadie, no hay nadie que controle".

Bellini también apuntó a los turistas que hacen trekking o recorren senderos sin autorización. "Ese es uno de los inconvenientes graves que tiene también el proyecto, que no tenemos una infraestructura a nivel provincial dispuesta a preservar el área, no la hay", sostuvo. Recordó que a principios de la década del 2000 ya había planteado separar las funciones de producción y conservación: "Hoy el Consejo Agrario se dedica a la producción y está perfecto que así sea, pero no se dedica a la preservación de las áreas naturales".

Sobre si el proyecto puede desarrollarse sin riesgo, fue tajante: "Todas esas laderas que están sobre el glaciar no tienen posibilidades de manejo, todo manejo que se haga ahí va a expandirse y va a tener un impacto directo de todos los puntos de vista, desde el visual, desde el ambiental". Y agregó: "Por más que trates de amortiguar el impacto, el impacto va a estar y nosotros tenemos la obligación de preservar estas áreas no para nuestro disfrute y goce solamente, sino para el de nuestros nietos".

El exdiputado vinculó esta preocupación con los efectos del calentamiento global que ya se observan en la zona de glaciares. "De acá a 50, 60 años sí lo vamos a ver y va a ser fuerte. Esto se va a ver acelerado si le metemos ahí adentro un complejo", expresó.

Por último, aclaró que su planteo no está dirigido contra el gobernador Claudio Vidal. "No tengo absolutamente nada en contra del gobernador, todo lo contrario, trato de ayudarlo, porque por ahí hay cosas que él no las tiene muy claras, como el tema este de por qué no hacemos uso del derecho de preferencia y buscamos una financiación", afirmó. Y concluyó: "Yo siempre estoy dispuesto a colaborar, no tengo ningún inconveniente de participar, apoyar, en lo que fuere, a quien sea, siempre que se maneje en estos criterios".