El proyecto que busca rescatar a Río Grande de la crisis: quién paga la cuenta
Río Grande no levanta y desde la Legislatura salieron a reclamar un salvavidas. El proyecto de Sciurano pone la lupa en los que no pueden pagar sueldos ni impuestos, pero también apunta contra Nación por fondos clave.
El legislador provincial Federico Sciurano presentó un proyecto de ley para declarar por doce meses la Emergencia Económica, Comercial y de Empleo en Río Grande. La iniciativa busca asistir a los sectores golpeados por la caída del consumo, la retracción industrial y las dificultades que atraviesan numerosos establecimientos comerciales y productivos.
El paquete de medidas extraordinarias incluye alivio tributario, financiamiento bancario, incentivos al consumo y gestiones ante el Gobierno nacional para conseguir recursos que sostengan la actividad económica y preserven los puestos de trabajo.
Sciurano explicó que el objetivo es evitar que las dificultades financieras terminen en nuevos cierres comerciales y despidos. "Se trata de que nadie tenga que elegir entre pagar impuestos o pagar sueldos. Quien sostiene el empleo en un momento así tiene que sentir que el Estado lo acompaña", afirmó.
Un subsidio atado a la caída de ventas y al empleo
Uno de los ejes centrales es la creación de un programa de asistencia económica que otorgaría un subsidio equivalente al 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los establecimientos alcanzados por la emergencia.
El beneficio no sería automático. Los interesados deberán acreditar una caída real de facturación superior al 25%, comparando con períodos equivalentes de 2025 y actualizando los valores según la inflación. Además, deberán mantener como mínimo la cantidad de trabajadores registrados en junio de 2026.
Así, el proyecto ata la asistencia estatal a la preservación del empleo. La compensación tributaria tendría una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis si persisten las condiciones económicas que la justificaron.
Podrán acceder al régimen los contribuyentes locales inscriptos ante la Agencia de Recaudación Fueguina. Quedarán excluidos aquellos comprendidos en el Convenio Multilateral.
Créditos y promoción del consumo
Sciurano también propone incorporar al Banco de Tierra del Fuego como herramienta de asistencia financiera. Para eso solicita líneas especiales de crédito destinadas a capital de trabajo, pago de salarios, adquisición de mercaderías y refinanciación de obligaciones vigentes.
Estas herramientas podrían incluir tasas preferenciales, períodos de gracia y extensión de plazos. La prioridad serían los establecimientos que acrediten mayores dificultades económicas y mantengan sus plantillas laborales.
El proyecto contempla además un programa de promoción del consumo local mediante tarjetas de crédito y débito del banco provincial. La propuesta incluye descuentos, reintegros, cuotas sin interés y jornadas comerciales especiales para estimular las ventas en Río Grande.
En relación con estas medidas, Sciurano recordó el Plan Progreso que impulsó durante la pandemia como antecedente de asistencia a sectores afectados por una situación económica excepcional.
El reclamo de fondos nacionales
Otro de los puntos centrales es el reclamo al Gobierno nacional para que los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) sean destinados prioritariamente a Río Grande.
Para ello, la iniciativa encomienda al Ejecutivo provincial realizar gestiones ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía de la Nación, solicitando asistencia extraordinaria y fondos para programas de empleo, infraestructura productiva y recuperación comercial.
Además, plantea que los senadores y diputados nacionales por Tierra del Fuego acompañen institucionalmente el pedido y promuevan la asignación de los recursos del FAMP a la ciudad.
"Río Grande fue durante décadas el motor industrial y comercial de la provincia, y hoy está golpeada. Necesitamos que Nación mire a Tierra del Fuego y que nuestros representantes en el Congreso den la pelea junto a nosotros", sostuvo Sciurano.
Control y transparencia
Finalmente, el proyecto contempla la creación de un registro provincial de beneficiarios y la publicación de informes trimestrales para controlar los fondos utilizados, los establecimientos asistidos y los puestos de trabajo preservados.
Con estas herramientas, la propuesta busca establecer un régimen excepcional de asistencia que permita sostener la actividad privada y amortiguar las consecuencias laborales y comerciales de la crisis que atraviesa Río Grande.
