El proyecto que busca evitar que los funcionarios salteños se lleven las cuentas del Estado

Un grupo de diputados salteños impulsa una ley para ponerle orden a un problema que hasta ahora quedó librado a la buena voluntad: qué pasa con los sistemas, las plataformas y las cuentas oficiales cuando cambian las autoridades.

La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados de Salta, propone reglas claras para la identificación, administración, resguardo y transferencia de los activos digitales del Estado provincial.

¿Qué se considera activo digital?

Según el proyecto, entran en esa categoría los sistemas informáticos, las plataformas digitales, las bases de datos y las cuentas institucionales, entre otras herramientas que los organismos públicos usan a diario.

La preocupación central de los legisladores tiene que ver con los recambios de autoridades. Hoy, cuando un funcionario deja su cargo, no hay ninguna norma que obligue a entregar accesos, información o recursos digitales. Eso, advierten, puede generar demoras, conflictos o incluso la pérdida de datos clave para la gestión.

La clave: los activos son del Estado, no de la persona

Uno de los principios que busca instalar la ley es que esos bienes digitales pertenecen al Estado y no a quienes circunstancialmente están a cargo de administrarlos.

El texto contempla la identificación de los activos, la designación de responsables institucionales y la creación de mecanismos para su resguardo y transferencia. Además, establece que ante un cambio de autoridades el traspaso debe hacerse de manera íntegra y documentada, para evitar interrupciones en la gestión pública y problemas derivados de la retención o el mal uso de las cuentas.

La norma también deja margen para que los aspectos técnicos se definan por reglamentación, de modo que las reglas puedan actualizarse a medida que cambian las tecnologías y aparecen nuevas herramientas digitales.

Según sus fundamentos, la propuesta busca complementar la legislación vigente sobre acceso a la información pública y responsabilidad de los agentes estatales.