El proyecto que busca cobrarles a los extranjeros en Salta choca contra un muro legal
¿Sabés por qué un proyecto para cobrar aranceles a extranjeros en Salta podría ser inconstitucional? Un experto en derecho lo analiza.
Un proyecto del diputado Alejandro Esper para arancelar la educación superior a extranjeros sin residencia en Salta generó una fuerte polémica. Un constitucionalista advierte que la iniciativa viola la Constitución Nacional, la Ley de Migraciones y el Estatuto de la UNSa.
La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados de Salta por el legislador de La Libertad Avanza, apunta a que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente o temporaria paguen aranceles en universidades nacionales, la UPATecO y terciarios estatales. Sin embargo, el abogado Sebastián Aguirre Astigueta, ex secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, sostiene que la iniciativa tiene serios obstáculos legales.
¿Por qué no podría aplicarse en la UNSa?
Para Aguirre Astigueta, una ley provincial no puede modificar el Estatuto de la Universidad Nacional de Salta, que garantiza la gratuidad de los estudios de grado "sin ningún tipo de discriminación o distinción". "Claramente no puede ser una normativa de aplicación en la Universidad Nacional de Salta", afirmó. Además, recordó que la Legislatura salteña carece de facultades para legislar sobre el funcionamiento de una universidad nacional.
El constitucionalista señaló que el proyecto choca con normas de jerarquía superior: "No solamente está el Estatuto de la UNSa. Está también la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional, la Constitución de Salta y tratados internacionales que protegen a los extranjeros". Incluso citó el Preámbulo de la Constitución Nacional, que reconoce a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", por lo que cualquier restricción requeriría una reforma constitucional.
¿A quiénes afectaría realmente?
Uno de los puntos clave del análisis es que, en la práctica, los estudiantes extranjeros ya deben ser residentes para cursar. "Para continuar los estudios de grado hay que ser residente porque se tiene que contar con DNI", explicó Aguirre Astigueta, quien agregó que el universo de extranjeros no residentes es mínimo. "Necesariamente el que esté en el sistema de educación de gestión estatal va a regularizar su residencia porque así lo manda la Ley de Migraciones".
"Más fútbol para la tribuna"
El abogado calificó el proyecto como "más fútbol para la tribuna libertaria, humo para la xenofobia", y cuestionó su impacto económico: "¿Cuánto aportaría un extranjero no residente tomando esos cursos? No movería para nada el amperímetro en el sostenimiento del sistema educativo".
En cuanto a los institutos provinciales y la UPATecO, admitió que la Provincia tiene mayor competencia, pero advirtió que igualmente el proyecto se enfrentaría a tratados internacionales y a la Constitución provincial, cuyo artículo 24 garantiza la gratuidad del sistema educativo.
La defensa de Esper
El diputado Alejandro Esper defendió la iniciativa argumentando que busca "equidad" y que los costos de formar a un alumno en la UNSa oscilan entre 2 y 10 millones de pesos por año. "No se colocarán montos exorbitantes. Cada casa de altos estudios dispondrá el costo de acuerdo con lo que le cuesta cada alumno", sostuvo. También rechazó las acusaciones de discriminación: "Esto no es discriminación, es equidad. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros vamos al extranjero y tenemos que pagar por los servicios que se nos brindan".
Esper estimó que en 2025 habría unos 3.800 estudiantes extranjeros sin residencia en la provincia. El proyecto contempla excepciones para refugiados, becados y participantes de intercambios, y también incluye un capítulo sobre recuperación de costos en salud pública.
El debate de la reciprocidad
Consultado sobre si los argentinos deben pagar en el exterior, Aguirre Astigueta respondió: "Si nosotros vamos a España, Brasil o Estados Unidos tenemos que vivir según las reglas de esos países. No existe ninguna herramienta legal que permita exigirles que tengan un sistema igual al argentino".
Finalmente, el constitucionalista recordó que la tradición constitucional argentina es de puertas abiertas, y que los problemas migratorios deben resolverlos la Nación, no las provincias. Así, mientras Esper insiste en la equidad, el especialista sostiene que el proyecto enfrenta obstáculos jurídicos insalvables, al menos para la UNSa.
