Un particular presentó en la Legislatura un proyecto para que el Estado no se use como herramienta de campaña. Prohíbe desde actos de inauguración hasta publicaciones en redes: los detalles que complican al oficialismo.
La Legislatura de Neuquén empezó a analizar una iniciativa que apunta a ponerle un freno al uso de los recursos públicos con fines electorales. Se trata de la “Ley de Neutralidad e Igualdad Electoral”, presentada por el particular Juan Mariano Iturbide, que busca asegurar condiciones parejas de competencia entre los espacios políticos y transparencia en el manejo de los fondos del Estado.
El autor sostiene que “la función pública y la administración del Estado no deben ser usados para beneficio partidario ni como botín de un partido o agrupación gobernante”. A partir de esa premisa, el texto avanza con una serie de restricciones concretas sobre el gobierno de turno.
Qué dice el articulado
El proyecto establece que ningún Poder del Estado, organismo descentralizado o ente con participación estatal podrá lanzar campañas de comunicación institucional que promuevan la imagen, el nombre, la voz, la trayectoria o las aspiraciones electorales de funcionarios que sean candidatos o que participen activamente en una campaña. La prohibición alcanza también al uso de expresiones, imágenes, símbolos, colores, lemas o cualquier elemento identificatorio que permita asociar la comunicación oficial con una candidatura o agrupación política.
En la misma línea, durante el período electoral queda vedada la realización de actos oficiales de inauguración de obras públicas, establecimientos, edificios, instalaciones, servicios o proyectos financiados con recursos del Estado, siempre que esos actos impliquen promoción de resultados de gestión o puedan generar una ventaja electoral para funcionarios o candidaturas.
El texto también pone la lupa sobre las redes sociales y plataformas digitales oficiales: prohíbe las publicaciones promocionales de gestión y la transmisión de actos proselitistas orientados a favorecer candidaturas.
Recursos públicos y campaña
Otro de los puntos centrales impide que funcionarios y agentes públicos utilicen bienes, instalaciones, vehículos, equipos, fondos, sistemas informáticos, servicios de comunicación, personal o cualquier otro recurso del Estado provincial para actividades de campaña electoral. Quienes participen en esas actividades deberán hacerlo fuera del ejercicio de sus funciones y sin valerse de recursos, personal, instalaciones ni medios institucionales.
Ante incumplimientos, la iniciativa dispone que se determinen las responsabilidades según la naturaleza jurídica del cargo y el régimen legal aplicable. Si la gravedad de la conducta justifica la remoción, podrán activarse los mecanismos de separación, remoción o responsabilidad previstos por la Constitución provincial y las leyes, respetando las competencias de la autoridad correspondiente.
En la fundamentación, Iturbide explica que la “Ley de Neutralidad e Igualdad Electoral” contribuirá a garantizar la neutralidad institucional de los organismos provinciales durante los procesos electorales, proteger la igualdad de oportunidades entre las agrupaciones políticas y prevenir el uso de recursos públicos con fines de promoción electoral.
