El proyecto que beneficiaba al Grupo Lucci en San Pablo: las correcciones que salvaron a Leito

El oficialismo tuvo que dar marcha atrás y modificar una ley que ya había sido aprobada en la Legislatura, luego de que objeciones técnicas y políticas pusieran en jaque una iniciativa que, según denuncias de la oposición, otorgaría millonarios beneficios a la empresa Citrusvil S.A., del Grupo Lucci, en San Pablo y El Manantial.

La norma original, impulsada por el legislador Mario Leito, buscaba desafectar terrenos públicos para regularizar la situación de unas 80 familias asentadas en la zona. Sin embargo, informes de organismos provinciales y advertencias del Ministerio del Interior detectaron serias falencias que impedían su promulgación.

¿Qué decía el proyecto original?

Durante la sesión del 28 de mayo, Leito defendió la iniciativa argumentando que resolvería conflictos históricos de ocupación y facilitaría la urbanización. Pero la oposición no tardó en reaccionar. El legislador Manuel Courel advirtió que la desafectación de caminos públicos afectaría la planificación urbana metropolitana, bloqueando futuras conexiones viales estratégicas.

Más contundente fue Alfredo Toscano, quien sugirió que detrás de la ley había una fuerte presión de intereses privados. Según denunció, un actor empresarial venía utilizando tierras públicas desde hacía años y condicionaba la permanencia de las familias asentadas a la aprobación de la norma.

Los cambios clave que introdujo Leito

Frente a la controversia, el legislador presentó proyectos modificatorios con cambios sustanciales. El nuevo texto establece que los inmuebles solo podrán usarse para acciones de interés público: regularización dominial, erradicación, construcción o consolidación de asentamientos y barrios de emergencia. Queda eliminada cualquier posibilidad de desarrollos inmobiliarios o comerciales.

Además, se incorporó una cláusula dirigida específicamente a Citrusvil: la vigencia efectiva de la norma quedará condicionada al desistimiento expreso, irrevocable e incondicional por parte de la empresa de cualquier acción judicial o reclamo sobre los terrenos. La compañía deberá acreditar el archivo definitivo de los procesos judiciales vinculados.

Los errores técnicos que obligaron a la corrección

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas detectó errores significativos en la descripción de los inmuebles. El proyecto original pretendía desafectar parcelas catastrales cuando en realidad se trataba de caminos en desuso, una diferencia jurídica relevante debido al carácter especial de los bienes públicos, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Pese a las observaciones, el organismo recomendó avanzar para regularizar la situación habitacional de las familias, señalando que existían negociaciones paralelas con Citrusvil para compensar la pérdida de utilidad pública de los caminos mediante la cesión de otros inmuebles.

El compromiso de Citrusvil

La presidenta de la firma, Agustina María Lucci, presentó documentación formal comprometiéndose a transferir gratuitamente terrenos a favor de la Provincia de Tucumán para facilitar procesos de integración urbana y ordenamiento territorial. Las cesiones deberán concretarse dentro de los 60 días posteriores a la aprobación definitiva de los nuevos planos de mensura.

La presentación de estos cambios representa un reconocimiento implícito de las falencias del proyecto original y un intento del oficialismo por desactivar una de las mayores polémicas urbanísticas del año. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de los caminos públicos, la planificación metropolitana y los posibles beneficios para desarrolladores privados sigue abierta.