El proyecto para cobrarles a extranjeros choca contra un muro legal: el durísimo análisis de un constitucionalista

El abogado Sebastián Aguirre Astigueta destrozó la iniciativa del diputado Alejandro Esper para arancelar la educación superior a estudiantes extranjeros sin residencia en Salta. Aseguró que la ley provincial no puede aplicarse sobre la Universidad Nacional de Salta y que contradice la Constitución, la Ley de Migraciones y tratados internacionales.

El proyecto, presentado en la Cámara de Diputados de Salta por el legislador de La Libertad Avanza, busca que los extranjeros sin residencia permanente o temporaria paguen por cursar estudios de pregrado, grado y posgrado en la UNSa, la UPATecO y terciarios estatales. Pero para Aguirre Astigueta, los obstáculos legales son insalvables.

“Claramente no puede ser una normativa de aplicación en la Universidad Nacional de Salta”, disparó el especialista, ex secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa. Explicó que el Estatuto de la universidad garantiza la gratuidad de los estudios de grado “sin ningún tipo de discriminación o distinción”, por lo que una ley provincial no puede modificar ese régimen. “Llama la atención esta cuestión en donde se cree que con un simple proyecto de ley provincial se puede avanzar sobre otras normas que claramente son de aplicación específica”, sostuvo.

¿Puede la Provincia legislar sobre la UNSa?

Aguirre Astigueta fue contundente: la Legislatura salteña carece de facultades para legislar sobre el funcionamiento de una Universidad Nacional. A eso sumó que el proyecto choca contra el Preámbulo de la Constitución Nacional, que reconoce a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. “Toda esta nueva intentona se encuentra con una protección jurídica que no puede modificarse salvo mediante una reforma constitucional”, advirtió.

El constitucionalista también apuntó contra la viabilidad práctica: tanto en la UBA como en la UNSa, los estudiantes extranjeros necesitan DNI para cursar y graduarse. “Para continuar los estudios de grado hay que ser residente”, afirmó. Por eso, el universo de extranjeros no residentes que pretende alcanzar el proyecto sería mínimo. “Necesariamente el que esté en el sistema de educación de gestión estatal va a regularizar su residencia porque así lo manda la Ley de Migraciones”, explicó.

“Más fútbol para la tribuna que una solución”

El abogado consideró que el proyecto tiene un fuerte componente político y escasa viabilidad jurídica. “Me parece que es más fútbol para la tribuna libertaria, humo para la xenofobia, pero en realidad tiene poca concreción práctica”, ironizó. También cuestionó el impacto económico: “¿Cuánto aportaría un extranjero no residente tomando esos cursos? No movería para nada el amperímetro en el sostenimiento del sistema educativo”.

Sobre los institutos provinciales y la UPATecO, Aguirre Astigueta reconoció que la Provincia tiene mayor competencia, pero advirtió que igualmente el proyecto se enfrentaría a tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución de Salta. Recordó que el artículo 24 de la Constitución salteña garantiza a “todos los habitantes” el derecho de aprender y que el sistema educativo será gratuito.

La defensa de Esper: equidad y costos

El diputado Alejandro Esper defendió la iniciativa y aseguró que busca “equidad”, comparándola con el cobro de salud a extranjeros en Orán. “Esto no es discriminación, es equidad. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros vamos al extranjero y tenemos que pagar por los servicios”, sostuvo. El legislador afirmó que el costo de un alumno argentino en la UNSa va entre 2 y 10 millones de pesos por año, según la carrera, y que sobre esa base se arancelará al alumno extranjero, sin montos exorbitantes.

Esper aportó cifras: en 2025 habría alrededor de 3.800 estudiantes extranjeros sin residencia cursando estudios superiores en Salta. Los fondos recaudados quedarían en cada institución, con administración autónoma y auditoría. La iniciativa contempla excepciones para refugiados, becados y programas de intercambio, e incluye un capítulo sobre salud pública para recuperar costos de atención a residentes transitorios.

¿Reciprocidad? No hay base legal

Consultado sobre el argumento de que los argentinos deben pagar por estudiar en el extranjero, Aguirre Astigueta respondió que se trata de una comparación entendible pero sin respaldo jurídico. “Si nosotros vamos a España, Brasil o Estados Unidos tenemos que vivir según las reglas de esos países. No existe ninguna herramienta legal que permita exigirles que tengan un sistema igual al argentino”, afirmó.

Finalmente, el constitucionalista recordó que el ADN constitucional argentino es abrir las puertas a quienes quieran habitar el suelo argentino, y que cualquier problema migratorio debe resolverlo la Nación, no las provincias. Así, mientras Esper impulsa el proyecto bajo la bandera de la equidad, Aguirre Astigueta sostiene que la iniciativa enfrenta obstáculos jurídicos de tal magnitud que, en la UNSa, una ley provincial no podría aplicarse por falta de competencia y por colisionar con normas de jerarquía superior.