El proyecto minero que podría llenar las arcas de San Juan: cuánto dejaría en la primera década
El proyecto Vicuña podría dejarle a San Juan casi US$2.000 millones en su primera década de producción. Pero el dinero no llegará todo junto: hay un adelanto de US$250 millones antes de que la mina arranque y un esquema de regalías que recién explota a partir del sexto año. ¿Cuánto le tocaría a la provincia cada año?
Un megaproyecto de cobre, oro y plata podría significar para San Juan un ingreso cercano a los US$2.000 millones durante sus primeros diez años de producción, según las proyecciones de la propia empresa. Se trata de Vicuña, el emprendimiento que la provincia acordó con la compañía Lundin y que, de cumplirse el cronograma, empezaría a facturar en 2030.
El cálculo surge de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) que presentó la firma y del acuerdo firmado en agosto con el gobierno provincial. El esquema establece que la Provincia cobrará regalías del 3% sobre las ventas brutas y, a partir del sexto año de operaciones, un aporte adicional del 1,5% destinado a un fideicomiso para infraestructura.
Cifras que crecen año a año
Según la PEA, la facturación acumulada entre 2030 y 2039 alcanzaría los 51.066 millones de dólares: unos 24.987 millones por cobre, 17.672 millones por oro y 8.407 millones por plata. Ese volumen de ventas se traduce en aportes para San Juan que arrancarían en alrededor de 66 millones de dólares en el primer año y superarían los 300 millones anuales hacia el final de la década.
El crecimiento no sería parejo. Durante los primeros cinco años (2030-2034), la Provincia recibiría aproximadamente 598 millones de dólares solo por regalías. En la segunda mitad de la década, en cambio, la producción más alta y la incorporación del fideicomiso elevarían el aporte conjunto a unos 1.401 millones de dólares. Así, cerca del 70% de los casi 2.000 millones de dólares proyectados para toda la década se concentraría entre 2035 y 2039.
La clave: cobrar sobre facturación
El acuerdo con Vicuña introduce un cambio fundamental respecto de cómo se calculan las regalías en la minería argentina. Tradicionalmente, la Ley de Inversiones Mineras establece que se calculan sobre el valor boca mina, que surge de descontar costos como transporte, molienda o refinación. En este caso, la Provincia y la compañía acordaron que la base sea directamente los ingresos o ventas brutas, lo que amplía el monto sobre el que se aplica el porcentaje.
Esa posibilidad ya había sido anticipada en la PEA, cuando las negociaciones todavía estaban abiertas. El entendimiento firmado en agosto terminó de consolidar el esquema.
Los 250 millones que van por otra vía
Los casi 2.000 millones de dólares proyectados para la primera década no incluyen otro componente central del acuerdo: el aporte anticipado de 250 millones de dólares que Vicuña deberá desembolsar antes de empezar a producir. Ese dinero, destinado a obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, es un pago único, no reembolsable y no compensable, por lo que no podrá descontarse de futuras regalías.
El anticipo forma parte del esquema que ordena las obligaciones económicas que habían quedado establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental y que generaron una controversia administrativa desde 2022. Con el acuerdo de agosto, esos fondos se canalizarán a través de un fideicomiso y estarán disponibles varios años antes de que la mina genere sus primeros ingresos por venta de minerales.
Así, San Juan tendrá dos momentos de ingreso: el aporte extraordinario previo a la producción y, después, el flujo anual que dejarán las regalías y el fideicomiso durante décadas.
Qué dijo Luis Caputo
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, había destacado la combinación de recursos al analizar el impacto de Vicuña. Según los valores publicados en la PEA, el proyecto generaría aportes provinciales por encima de los 100 millones de dólares anuales desde el comienzo, con una tendencia creciente.
Caputo también había mencionado que los aportes podrían alcanzar unos 450 millones de dólares anuales a partir de 2040. Sin embargo, aplicando los porcentajes del acuerdo a la facturación proyectada para ese año (6.418 millones de dólares), el resultado ronda los 288,8 millones. La diferencia podría deberse a que el cálculo del ministro consideró otros años de mayor producción o una metodología distinta.
Un cálculo que depende de los precios
Las proyecciones no son cifras fijas. La PEA utilizó como referencia 4,60 dólares por libra de cobre, 3.300 dólares por onza de oro y 40 dólares por onza de plata. Con esos valores, el proyecto arroja un valor presente neto de 9.500 millones de dólares después de impuestos y una tasa interna de retorno del 14,8%.
Al 25 de agosto, los precios de los metales estaban por encima de esas referencias: el cobre cotizaba a unos 6,50 dólares por libra, el oro a 4.652 dólares por onza y la plata cerca de 68,77 dólares por onza. Si esos valores se mantienen o suben, los ingresos para San Juan serán mayores; si caen, también bajarán.
La sensibilidad del proyecto a los precios es alta. Con un escenario más optimista (6 dólares por libra de cobre, 5.000 dólares por onza de oro y 80 dólares por onza de plata), el valor presente neto saltaría a 28.800 millones de dólares y la recuperación de la inversión se acortaría de 8,4 a 5,4 años.
Una proyección preliminar
La PEA es, como su nombre lo indica, una evaluación económica preliminar. El propio informe advierte que se trata de un estudio conceptual, que incorpora recursos inferidos y que no hay certeza de que el proyecto se desarrolle exactamente bajo esos parámetros. Los cronogramas, costos y precios pueden modificarse cuando Vicuña avance hacia estudios de mayor precisión y tome una decisión final de inversión.
Por eso, los casi 2.000 millones de dólares no deben leerse como dinero asegurado, sino como una estimación basada en los números oficiales que maneja la empresa. Aun así, el ejercicio permite dimensionar el impacto potencial: si el proyecto cumple el cronograma, San Juan pasaría de recibir unos 66 millones de dólares en el primer año a superar los 300 millones hacia 2039, con seis décadas más de vida útil por delante.