El proyecto minero que Milei festeja tiene una cláusula que ataría al país por 71 años

El gobierno nacional celebra el proyecto minero más grande de la historia argentina como un triunfo del RIGI y de Javier Milei. Se trata de una inversión inicial estimada en 9700 millones de dólares, en el extremo norte de San Juan, a 10 kilómetros de la frontera con Chile. La multinacional Vicuña Corp opera en una superficie de entre 10 mil y 15 mil kilómetros cuadrados, a 4300 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, un análisis económico reveló condicionamientos inéditos que, según sus críticos, atan al país por los próximos 71 años. El economista Hugo Berozzi, autor del informe, fue despedido de su trabajo en el Fondo de Garantías de la provincia de San Juan la semana pasada, tras seis años en el organismo. Aunque el despido no tuvo causa formal, en la provincia lo vinculan directamente con su análisis.

El acta compromiso y sus cláusulas

El 5 de agosto pasado, el gobernador Marcelo Orrego y Vicuña Corp firmaron un acta compromiso que define las condiciones para los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Ese día, Orrego anunció en cadena provincial que, por primera vez en la historia, una minera aportaría 250 millones de dólares antes de empezar a producir. Pero el desembolso no será en un solo pago: será progresivo contra certificado de obra, lo que, según los críticos, implica menos fondos en el tiempo.

El acta, ratificada por ley dos semanas después en la Legislatura provincial con 27 votos a favor y 9 en contra, incluye en sus 57 páginas una serie de cláusulas que, según el informe de Berozzi, comprometen la soberanía y los recursos de la provincia.

Los puntos más cuestionados

El adelanto de 250 millones de dólares, presentado como “Aporte No Reembolsable”, reemplaza aportes a cobrar entre 2030 y 2034, con una tasa de descuento de al menos 9,2% en dólares. Con ese monto se considera saldada cualquier contribución económica obligatoria durante toda la vida útil de la mina (71 años), y se neutraliza la posibilidad de cobrar nuevas multas o exigir obras de reparación ambiental.

El acuerdo también rompe el principio constitucional de internalización de costos ambientales, elimina obras hídricas de reparación exigidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2022, congela las regalías en 3% por toda la vida útil del proyecto y otorga el 0,45% de los recursos de impacto ambiental al Banco San Juan, propiedad de la familia Eskenazi, en concepto de comisiones.

Uno de los puntos más graves, según el análisis, es el artículo 8, que establece tribunales internacionales privados de la Cámara de Comercio Internacional para resolver controversias. San Juan renuncia a juzgar en tribunales locales o nacionales cualquier disputa sobre su poder de policía, facultades ambientales, mineras, tributarias o de fiscalización que pudieran perjudicar los derechos de la empresa. En esos tribunales, dos de los tres “árbitros” son elegidos por la empresa o la Cámara de Comercio Internacional, y solo uno corresponde a la provincia.

Regalías congeladas y pérdidas millonarias

El informe estima que por cada 1% adicional de regalías que la provincia se obliga a no cobrar, se pierden alrededor de 491,2 millones de dólares en valor presente. La estimación se basa en una vida útil de 71 años, una tasa de descuento del 9,2% y los precios actuales de mercado: 6,6 dólares la libra de cobre, 4.393 dólares la onza troy de oro y 65 dólares la onza troy de plata.

El proyecto de ley provincial fija las regalías en 3% de la facturación de minerales vendidos para toda la vida útil del proyecto Vicuña y todas las actividades de explotación en un radio de 75 kilómetros. La ley nacional 27.743, conocida como Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, permite a las provincias elevar hasta el 5% el valor boca de mina para proyectos aún no iniciados.

Críticas y posible inconstitucionalidad

Especialistas sostienen que el acta firmada por Orrego viola la Constitución provincial, en particular los artículos 44, 58, 109, 110, 113, 150 inciso 3, 189 inciso 12 y 198. El artículo 44, por ejemplo, prohíbe que los poderes públicos deleguen sus facultades y que el Poder Judicial delegue sus facultades jurisdiccionales. Como resultado, la provincia podría ser pasible de sanciones en tribunales internacionales por ejercer un derecho constitucional.

Berozzi, en diálogo con El Destape, aclaró que no está en contra de la minería: “Estoy de acuerdo con que en la provincia se haga minería. Me parece que es un vector de desarrollo fundamental. Lo que sí creo es que el Estado no tiene que perder potestades para poder controlar la actividad, que se cumpla correctamente, que se repare cualquier daño ambiental o accidente y que derrame en proveedores locales y las comunidades locales, de la mejor manera posible”.