El proyecto de glamping en Los Glaciares ya tiene a dos diputadas preguntando por los terrenos de Bajo Las Sombras

La diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni y su par Sabrina Selva presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que aclare los detalles del proyecto de la firma Huttopia Argentina S.R.L., que busca instalar campamentos ecoturísticos de lujo —modalidad glamping— en cuatro parques nacionales, entre ellos Los Glaciares.

La iniciativa fue declarada de interés público por la Administración de Parques Nacionales (APN) a través de la Resolución RESFC-2026-370-APN-D#APNAC. El emprendimiento prevé alojamiento e infraestructura complementaria en Los Glaciares, Los Alerces, Iguazú e Iberá.

Ianni cuestionó públicamente las condiciones en que avanza la propuesta. Lo hizo en sus redes sociales, donde apuntó a los controles ambientales, la transparencia de las futuras concesiones y el lugar que tendrán los prestadores turísticos locales frente a las grandes empresas.

"¿Serán los beneficiados por la desregulación y la falta de control?", preguntó la legisladora al presentar el reclamo. Y agregó que los parques nacionales son un patrimonio colectivo cuya protección es una responsabilidad indelegable del Estado.

Las dudas sobre las concesiones y la participación de empresas locales

El pedido de informes pide que el Gobierno nacional precise en qué etapa administrativa se encuentra el proyecto y que remita las actuaciones, incluidos los dictámenes jurídicos y las actas vinculadas con la declaración de interés público.

Uno de los ejes centrales es el mecanismo de adjudicación de las concesiones. Las diputadas quieren saber si habrá una licitación pública nacional o internacional, un concurso público u otro procedimiento previsto en la normativa de contrataciones del Estado.

También preguntan si se hará una convocatoria conjunta para los cuatro parques o si habrá licitaciones independientes para cada área protegida. En caso de optar por un único paquete contractual, solicitan que se expliquen los fundamentos económicos y operativos de esa decisión y cómo se garantizará que no se limite la participación de pequeños y medianos prestadores turísticos locales y regionales.

Otro de los interrogantes apunta a las condiciones económicas y técnicas de los pliegos. Las legisladoras piden precisiones sobre los requisitos de solvencia financiera, las características constructivas y las especificaciones de los módulos de alojamiento, para determinar cómo se asegurará la igualdad de trato y la libre concurrencia de otros operadores.

La situación del camping Bajo Las Sombras

Uno de los aspectos que involucra directamente a Santa Cruz es la situación catastral del sector del camping Bajo Las Sombras, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Según los informes de la Dirección de Catastro de la propia Administración de Parques Nacionales citados en la presentación, el área elegida para el emprendimiento estaría solo en parte bajo el dominio y la jurisdicción de ese organismo. Una observación similar se habría formulado respecto del Portal Pellegrini, en el Parque Nacional Iberá.

Frente a esa situación, Ianni y Selva solicitan que se remitan los planos catastrales, las mensuras, los deslindes y las coordenadas georreferenciadas que permitan identificar con precisión la superficie involucrada y las fracciones que no serían de titularidad o jurisdicción exclusiva del Estado nacional.

Además, piden que se informe bajo qué instrumento legal se podrían otorgar concesiones para construir infraestructura fija o semifija sobre terrenos cuya titularidad sea ajena, compartida o controvertida. También requieren saber si se notificó o consultó a los gobiernos de Santa Cruz y Corrientes por la posible afectación de esos sectores territoriales.

El impacto ambiental y los controles pendientes

Otro capítulo del pedido de informes está dedicado a las consecuencias ambientales del proyecto y a su compatibilidad con la legislación que regula las áreas protegidas.

Las diputadas solicitan que se explique cómo se compatibilizaría la instalación de alojamientos, restaurantes, cafeterías, proveedurías y otros servicios con los objetivos de conservación establecidos por la Ley Nacional de Parques Nacionales.

En ese sentido, requieren información sobre la zonificación de manejo de los cuatro emplazamientos propuestos: el camping ex Ñandú, en Iguazú; el camping Quebrada del León, en Los Alerces; el camping Bajo Las Sombras, en Los Glaciares; y el Portal Pellegrini, en Iberá. El objetivo es determinar qué tipo de infraestructura permiten los planes de gestión vigentes en cada área.

También piden que se remita el informe de la Dirección Nacional de Conservación y que se aclare si la evaluación ambiental realizada constituye una aprobación definitiva o si está sujeta al cumplimiento de condiciones adicionales.

Entre los puntos reclamados figuran la eventual realización de un estudio de impacto ambiental estratégico y acumulativo antes de publicar los pliegos definitivos, la capacidad de carga hídrica, el tratamiento de efluentes cloacales y los posibles efectos de la contaminación sonora y lumínica sobre la fauna nativa.

El documento también pregunta cómo se garantizarán las instancias de participación ciudadana y el acceso a la información ambiental, de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú.

Un plazo de explotación de al menos 29 años

El proyecto de resolución incorpora además preguntas sobre el marco jurídico que permitiría desarrollar las obras y otorgar un plazo mínimo de 29 años de operación comercial.

Las legisladoras solicitan que se precise si para avanzar con esa infraestructura sería necesario dictar un decreto de excepción del Poder Ejecutivo Nacional y cómo se acreditaría que la concesión no implicará una modificación sustancial de los ecosistemas protegidos.

Otro aspecto señalado surge de un informe económico de la Administración de Parques Nacionales citado en la presentación. Según ese documento, el análisis técnico habría advertido que las unidades de Los Alerces e Iberá carecerían de viabilidad de negocio independiente y que los retornos previstos se apartarían de los márgenes habituales del mercado.A partir de esa observación, Ianni y Selva piden conocer los fundamentos económicos y administrativos utilizados para considerar conveniente la iniciativa, así como las condiciones que evitarían ventajas competitivas indebidas frente a los operadores turísticos locales.

Por el momento, la presentación constituye un pedido de informes y no implica una decisión judicial ni una resolución definitiva sobre la viabilidad del emprendimiento. La respuesta del Gobierno nacional deberá permitir conocer con mayor precisión el estado del trámite, las condiciones de las futuras concesiones y las garantías previstas para proteger las áreas involucradas.