El procurador que puso en duda el proyecto de Régimen Penal Juvenil y encendió las alarmas en la Legislatura

Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, salió a cuestionar el proyecto del Ejecutivo para adaptar la provincia al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. El funcionario adelantó que el texto podría sufrir cambios y puso el foco en un punto que, según él, generaría un desgaste terrible para la Justicia.

En el marco de la apertura de las XIV Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, celebradas este jueves, Gullé se refirió a la iniciativa que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, ya envió a la Casa de las Leyes. La propuesta busca adecuar la normativa provincial a las modificaciones impulsadas a nivel nacional, que bajan la edad de imputabilidad para menores.

¿Qué es lo que no le cierra a Gullé?

El principal reparo del procurador tiene que ver con la posibilidad de que mayores y menores involucrados en un mismo hecho sean juzgados por separado. Para Gullé, eso implicaría un desgaste jurisdiccional enorme y podría derivar en fallos contradictorios.

“Yo no estoy muy convencido de que el juzgamiento sea por separado. Me parece que es un desgaste jurisdiccional terrible, creo que el juzgamiento debe ser único y si hay que dictar condenas al menor tiene que ir a un tribunal especial”, afirmó. Y agregó: “A mí no me gustan juzgamientos porque pueden haber juzgamientos contradictorios”.

Para graficar su preocupación, planteó un escenario hipotético: un adulto es juzgado por jurados y absuelto después de atribuirle el hecho a un menor. Si luego se juzga al menor y este responsabiliza al adulto ya absuelto, podrían quedar ambos en libertad.

El proyecto que divide aguas en Mendoza

La ley nacional 27.801, sancionada recientemente, establece un régimen para adolescentes de 14 a 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. La iniciativa del Gobierno mendocino busca incorporar los aspectos considerados beneficiosos de esa norma, aunque su aplicación no dependerá de la aprobación legislativa previa.

El proyecto propone reorganizar los dispositivos del Poder Ejecutivo destinados a la atención y seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, y además incorpora como anexo un nuevo Código Procesal Penal Juvenil para la provincia.

El objetivo es definir cómo deberán actuar la Policía, los fiscales, los jueces y los organismos provinciales ante delitos cometidos por jóvenes. La iniciativa reconoce a los adolescentes como personas en proceso de desarrollo, con derechos y garantías específicas, pero también como sujetos con obligaciones y responsables de sus actos.

En cuanto a los cambios que podría sufrir el texto, Gullé fue contundente: “Hay muchísimas modificaciones en el camino y yo voy a dar mi opinión, ya hemos quedado en juntarnos para esto”. También dejó claro que, aunque fue consultado previamente, los proyectos se discuten y no salen como entraron.