El preso que volvió de Devoto y ahora está en otra cárcel: la historia del "Concheto" que estremeció a los restaurantes de la zona norte

¿Qué llevó a que el preso más famoso de la "banda de los chicos bien" tuviera que volver a Devoto y terminara en otra unidad de Marcos Paz? La historia detrás del traslado que nadie esperaba.

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El preso que volvió de Devoto y ahora está en otra cárcel: la historia del "Concheto" que estremeció a los restaurantes de la zona norte
El preso que volvió de Devoto y ahora está en otra cárcel: la historia del "Concheto" que estremeció a los restaurantes de la zona norte

Guillermo Antonio Álvarez, conocido como "El Concheto", volvió a ser noticia por una situación insólita: fue el único detenido que debió regresar a la cárcel de Villa Devoto horas después de haber sido trasladado al nuevo complejo federal de Marcos Paz. El operativo formaba parte del cierre de la histórica prisión porteña, pero su caso tuvo un tratamiento especial por cuestiones de seguridad y por el régimen de alojamiento que se le aplica.

Finalmente, las autoridades lo derivaron al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, aunque en una unidad diferente de la que recibió al 93% de los internos que salieron de Devoto. La medida buscó resguardar su integridad y cumplir con las disposiciones judiciales que pesan sobre él.

Los robos que lo hicieron famoso

La historia criminal de Álvarez se remonta a 1996, cuando tenía 18 años. Al frente de la denominada "banda de los chicos bien", protagonizó una seguidilla de asaltos a restaurantes de Recoleta, Núñez y otros puntos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Los locales elegidos eran frecuentados por empresarios, funcionarios, políticos y celebridades, incluidos algunos vinculados al gobierno de Carlos Menem.

La modalidad de la banda generaba alarma: entraban a los establecimientos, amenazaban a los clientes y se llevaban dinero, relojes, teléfonos y otros objetos de valor. Entre los restaurantes atacados se encontraban Alkorta, Harry Cipriani, Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia y Camerún. Durante las primeras semanas, los investigadores no lograban identificar a los responsables y los asaltos ocupaban las primeras planas de los diarios.

Álvarez vivía en un lujoso chalet de Acassuso, en el partido de San Isidro. Según las crónicas policiales de la época, su apariencia cuidada, el cabello oscuro peinado hacia atrás y su aspecto de joven de buena posición económica contrastaban con la violencia que se le atribuía. En su habitación, los investigadores encontraron después recortes de diarios y revistas sobre los asesinatos que se le adjudicaban y sobre Carlos Eduardo Robledo Puch, el criminal conocido como el Ángel de la Muerte. La habitación se había convertido, según la reconstrucción del caso, en una suerte de espacio de culto al asesino serial.

La noche más sangrienta

El raid delictivo tuvo su punto más sangriento en la madrugada del 28 de julio de 1996, durante un asalto al pub Company, situado en Migueletes al 1300, en el barrio de Belgrano. Entre los comensales se encontraba Fernando Aguirre, un subinspector de la Policía Federal que había concurrido al lugar para festejar el cumpleaños de una amiga.

Cuando uno de los asaltantes se disponía a abandonar el local, Aguirre intentó intervenir y dio la voz de alto. Se desató entonces un tiroteo en el que el policía fue herido. Según la reconstrucción de los hechos, Álvarez, que estaba entre los clientes para cubrir la retirada de sus cómplices, le disparó cuando ya estaba en el suelo y luego lo remató de cuatro tiros por la espalda. Aguirre murió, al igual que María Andrea Carballido, una de las personas que estaban en el lugar.

El episodio formó parte de la secuencia de homicidios por la que fue condenado. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 1996 el grupo cometió un raid delictivo durante el cual asesinó a un hombre para robarle el automóvil y luego al subinspector Aguirre y a Carballido durante el asalto al pub.

El ingreso en prisión no puso fin a la violencia que se le atribuía. En noviembre de 1998, mientras estaba alojado en la antigua cárcel de Caseros, Álvarez mató a Elvio Aranda, un compañero de celda de 17 años. Según el sumario policial, lo atacó con una faca mientras dormía.

Por esos hechos recibió una condena a reclusión perpetua, con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves, en concurso real.

La condena anulada y la espera de un nuevo juicio

La situación judicial de Álvarez tuvo un giro decisivo el 26 de agosto de 2024, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de revisión presentado por su defensa, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tribunal anuló el juicio y los actos derivados del debate, incluida la condena pronunciada el 28 de octubre de 1999. La decisión no significó una absolución ni determinó que los hechos no hubieran ocurrido: dejó sin efecto aquella sentencia y abrió el camino para un nuevo debate oral.

A la espera de ese juicio, la defensa pidió la excarcelación de Álvarez. Argumentó que no correspondía mantenerlo privado de la libertad sin una sentencia vigente por un proceso que llevaba más de 28 años y sostuvo que, de acuerdo con su cómputo, el tiempo de privación de la libertad que debía computarse a su favor superaba los 46 años.

El pedido fue rechazado. En su dictamen, el fiscal Sandro Abraldes sostuvo que la condición de reincidente de Álvarez constituía un obstáculo para concederle la libertad condicional. De ese modo, el detenido continúa alojado en Devoto mientras se define cómo seguirá el proceso judicial.

Álvarez volvió a tener exposición pública en 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando fue uno de los referentes de los presos que participaron en las negociaciones con las autoridades para poner fin al motín en la cárcel de Villa Devoto. La protesta reclamaba mejores condiciones sanitarias y beneficios penitenciarios en medio de la emergencia por el coronavirus.

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