Diez de once herramientas, más dos leyes de la semana anterior: el oficialismo festeja el paquete de seguridad que acaba de dar media sanción. Adentro, el artículo que apunta contra los presos que siguen ordenando desde la cárcel.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de seguridad impulsado por el Ejecutivo provincial, y el diputado Martín Rosúa (Unidos) celebró que el oficialismo haya conseguido casi todo lo que pidió: 10 de las 11 herramientas que el gobierno consideraba necesarias para seguir combatiendo al crimen organizado.
El legislador sumó otro dato: si se cuentan las dos leyes aprobadas la semana anterior, el paquete llega a 12 de las 13 herramientas. "Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que ser conscientes de que las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización", recordó Rosúa. Y completó: "Por eso tenemos que generar todo el tiempo las modificaciones y actualizaciones a la legislación para permitir que el Estado tenga las herramientas necesarias para que la pelea sea más equitativa".
Entre los puntos que el diputado puso en primer plano aparecen la ley de inteligencia, el juicio en ausencia para que los prófugos no queden impunes y un régimen más duro para los presos de alto perfil. "Estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel", afirmó.
Qué cambia para los internos de alto perfil
La reforma incorpora el artículo 57 bis, que apunta directo a quienes siguen manejando negocios ilícitos desde la cárcel. La norma prevé que, si un interno usa a sus visitantes, a los visitantes de otro preso, sus comunicaciones reglamentarias, su correspondencia física o electrónica, comunicaciones no autorizadas o cualquier otro medio para lanzar una amenaza grave a la seguridad pública, podrá recibir sanciones severas.
Entre esas medidas figuran el aislamiento pleno en celda individual con solo dos horas de patio por día (también individual), la suspensión total de visitas y comunicaciones —con derecho únicamente a correspondencia epistolar, que será abierta y visada por personal penitenciario— o el retiro de artículos de ocio y entretenimiento, dejando solo el material de lectura autorizado.
Investigaciones más ágiles y allanamientos urgentes
Rosúa también valoró la posibilidad de que el fiscal tome una declaración informativa a quien aparezca verosímilmente vinculado a un delito, aunque todavía no haya elementos para imputarlo formalmente. Según la ley, si esa persona se niega a declarar sin asistencia letrada, su testimonio solo podrá usarse para orientar la investigación.
El texto habilita además el uso de información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad. Y contempla allanamientos urgentes sin orden judicial previa en situaciones excepcionales, como cuando hay sospechas fundadas de acopio de armas y la demora puede hacer desaparecer la evidencia. "La medida queda sujeta a control judicial posterior", subrayó el legislador.
Sobre el juicio en ausencia o rebeldía, Rosúa explicó que busca "evitar que una fuga paralice indefinidamente una causa, con intervención de un defensor, requisitos de notificación y posibilidad de revisión". Para el diputado de Unidos, el conjunto no responde a una pulseada entre mano dura y garantismo: "Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta", cerró.
