El presidente de la Caja de Previsión Social salió a responder: ¿jubilaciones forzadas o trámites voluntarios?

El titular de la Caja de Previsión Social (CPS), Pablo Pérez, rompió el silencio y aclaró que ninguno de los 27 beneficios previsionales otorgados recientemente fue iniciado de oficio. Según explicó, todos los expedientes responden a pedidos voluntarios de los propios interesados.

Las declaraciones de Pérez llegan en medio de versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta aplicación del Decreto 608 que obligaría a ciertos empleados públicos a jubilarse. "La Caja no inició de oficio estos trámites ni obligó a nadie a jubilarse", sentenció el funcionario.

¿Qué dice el Decreto 608?

La normativa, precisamente, establece el procedimiento a seguir cuando un afiliado solicita su jubilación, cumple con los requisitos, pero el cese de actividades no se concreta. Según indicó Pérez, la ley contempla incluso la posibilidad de una prórroga de hasta 180 días hábiles por razones de servicio.

En ese marco, el presidente de la CPS detalló que los expedientes resueltos corresponden a personas que iniciaron su trámite de manera voluntaria, presentaron la documentación requerida y manifestaron formalmente su intención de acceder al beneficio. El organismo, por su parte, se limitó a verificar servicios, aportes y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley 1782 y el Decreto 608.

"Los expedientes no se eligen"

Pérez fue contundente al referirse a las críticas que sugieren una selección arbitraria de beneficiarios: "Los expedientes no se eligen", afirmó, y remarcó que la CPS debe aplicar la Ley 1782 "a todos los afiliados" sin distinción de cargo.

Actualmente, según precisó, más de 300 personas se encuentran en una situación similar: ya solicitaron su jubilación voluntariamente, cumplen las condiciones para acceder al beneficio, pero todavía no concretaron el cese de actividades.

La polémica por los magistrados

Consultado sobre los cuestionamientos que vinculan estas jubilaciones con la estabilidad de los magistrados, el titular de la CPS fue claro: "Una cosa es remover a un magistrado contra su voluntad y otra muy distinta es determinar las condiciones jurídicas de una jubilación que el propio interesado solicitó voluntariamente".

En ese sentido, aclaró que la Caja no decide quién puede continuar o no en un cargo judicial. "Su responsabilidad es determinar si una persona tiene derecho a una prestación previsional y resolver el expediente conforme a la normativa vigente", enfatizó.

"Si una persona solicita una jubilación y cumple con todos los requisitos, la responsabilidad de la Caja es resolver ese expediente", concluyó Pérez.