El precio que pusieron a un remedio para esclerosis múltiple que la ANDIS pagó 42 veces más caro

La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un nuevo paso. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron la indagatoria de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, por su presunta participación en un esquema de compras direccionadas y sobreprecios.

El pedido también abarca a otros cuatro directivos de la empresa y a representantes de 14 droguerías que, de acuerdo con la acusación, habrían formado parte del entramado. Además, los fiscales pidieron ampliar las indagatorias del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de otros imputados: el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; Pablo Atchabahian; el empresario Miguel Ángel Calvete y el presidente de Génesis, Andrés Horacio Arnaudo.

El supuesto control de las compras

En un dictamen de más de 300 páginas, los fiscales sostuvieron que Suizo Argentina habría manejado las compras de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mediante acuerdos ilegales con funcionarios. Según la investigación, la firma obtuvo órdenes de compra por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones totales de la agencia en ese período.

La acusación va más allá de contrataciones puntuales: plantea que la empresa intervenía en decisiones del organismo, accedía a información anticipada y coordinaba qué proveedores ganarían las compulsas. Se trata de un pedido de los fiscales para que los involucrados sean indagados.

Además de los hermanos Kovalivker, los fiscales solicitaron las indagatorias del director de Compras de Suizo Argentina, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

De acuerdo con la acusación, la compañía recibía información de funcionarios antes de que finalizaran las compulsas, fijaba precios de medicamentos propios y de otras droguerías y llevaba un registro de los montos y porcentajes asignados a cada proveedor. También habría dado indicaciones sobre a qué empresas pagar y a cuáles demorarles las transferencias.

Entre las pruebas mencionadas aparecen archivos en poder de Suizo Argentina que detallaban los medicamentos requeridos, las firmas que resultarían adjudicatarias y los precios de venta antes del cierre de los procedimientos. Según los fiscales, esos datos luego coincidían con los resultados registrados en el sistema de compras de la ANDIS.

La fiscalía describió un “doble pacto”: por un lado, con funcionarios que garantizaban información y el control de las contrataciones; por otro, con droguerías que debían ajustarse a la distribución de negocios que organizaba Suizo Argentina.

En ese esquema, los investigadores le atribuyeron a Atchabahian un papel de operador de la empresa y señalaron su vínculo con Garbellini. Como ejemplo, citaron un mensaje que el primero le habría enviado al entonces funcionario: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

El pedido también alcanza a directores, gerentes y socios de Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería Del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Génesis y Scienza Argentina, señaladas por la acusación como integrantes del presunto esquema de cartelización.

El sobreprecio que encendió la alarma

Uno de los ejemplos que incorporaron los fiscales corresponde a un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Según la reconstrucción, en julio de 2024 el gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina informó a su equipo que lo habría adquirido a $92.000 por unidad.

En esa comunicación, el directivo indicó: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”. De acuerdo con la acusación, la ANDIS terminó pagando a la empresa entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad: unas 42 veces el costo de adquisición informado.

Los fiscales también sostuvieron que Suizo Argentina utilizó a Génesis como intermediaria para venderle al organismo, con incrementos en los valores de los medicamentos que llegaron a superar el 200%.

Según el resumen del dictamen, Génesis pasó de registrar una actividad prácticamente nula en 2023 a ubicarse entre las diez firmas que más pagos recibieron del Estado en el período comprendido entre 2024 y 2025. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025 obtuvo adjudicaciones por $34.066 millones. Los investigadores vincularon esa compañía con Atchabahian.

Los señalamientos contra Spagnuolo

Otro capítulo del pedido se concentra en presuntos pagos de sobornos a Spagnuolo. Además del dinero en efectivo detectado en etapas anteriores, los fiscales señalaron que Calvete habría financiado un viaje del exfuncionario a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024.

La acusación incluye el pago de pasajes, hospedaje y servicios de atención al viajero. Según la reconstrucción, la secretaria del empresario intervino en la organización, incluso en la elección del asiento del avión, y vinculó esos gastos con el pago de favores políticos.

El dictamen también menciona presuntos pagos de directivos de Suizo Argentina a Calvete por más de US$54.000 durante 2024, sin que se hubieran registrado actividades comerciales legales que los justificaran.

Los avances judiciales de las últimas semanas

El nuevo pedido se suma a los avances judiciales de las últimas semanas. El 22 de septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 imputados por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico avalaron, en líneas generales, la hipótesis de una organización integrada por funcionarios y particulares que habría intervenido en las contrataciones.

El 16 de octubre, el juez federal Ariel Lijo volvió a procesar al exdirector de la ANDIS en otra línea de investigación, vinculada con la adquisición de insumos médicos y ortopédicos a través de Incluir Salud. Ese tramo abarca compras de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas, entre otros dispositivos.

Los dueños de Suizo Argentina habían cuestionado la validez del expediente. En septiembre de 2025, sus defensas promovieron pedidos de nulidad que fueron rechazados por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello.