El postulante a fiscal que espera un decreto y una condena de 4 años

El abogado Leonardo Augusto Schonfeld atraviesa una situación poco común: fue avalado por el Senado para ocupar un cargo en el Ministerio Público Fiscal, pero al mismo tiempo la Justicia lo investiga por defraudación fiduciaria y el fiscal del caso pidió que se lo condene a cuatro años de prisión.

Schonfeld es postulante a cubrir el puesto de fiscal auxiliar en Villa Paranacito, departamento Islas. El 20 de noviembre de 2025, la Cámara Alta prestó acuerdo constitucional después de que el pliego pasara por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y por la Comisión de Acuerdos, donde se realizó una audiencia pública. A pesar de ese aval, el decreto de designación nunca se firmó.

La causa penal que lo complica

La investigación lleva la carátula “Schonfeld Leonardo Augusto s/Defraudación Fiduciaria” y está en manos del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. El proceso se encuentra en un cuarto intermedio dentro de la audiencia de remisión a juicio, que debe resolver el juez de Garantías José Eduardo Ruhll.

En diálogo con el programa Puro Cuento, de Radio Plaza 94.7, Ramírez Montrull explicó: “Estamos en un cuarto intermedio de la audiencia de remisión a juicio. La defensa hizo planteos que fueron rechazados por el juez Ruhl. Ahora, estamos a la espera de que se fije nueva fecha a la audiencia para concluir esta etapa. Lo que viene sería el ofrecimiento concreto de las pruebas y su admisión. Formalmente, está imputado por el delito de defraudación fiduciaria, que sería una especie de administración fraudulenta”.

Según el fiscal, Schonfeld administraba un fideicomiso en el que muchas personas invirtieron y en el que se comprobó que no cumplió con los deberes propios de su rol: llevar los libros contables, mantener el dinero resguardado y custodiar la obra. Además, habría realizado actos que lo beneficiaron personalmente por fuera del fideicomiso, lo que para la Fiscalía derivó en un perjuicio concreto para los inversores.

Consultado sobre cuántas personas resultaron damnificadas, Ramírez Montrull detalló: “Los inversores eran muchos. Se trata de 32 unidades funcionales, 2 locales comerciales y 14 cocheras, aunque en realidad se vendieron 20 sin tener aprobación del Municipio. No fue una mala inversión ni un mal negocio, sino que justamente se destinó dinero, por ejemplo, para pagar los honorarios de un ingeniero que intervino para hacer la obra en este fideicomiso, los cálculos de pilotaje y demás. Se pagó con el dinero de este fideicomiso obras realizadas en otros fideicomisos, donde también se estaban construyendo un edificio. Después, hubo préstamos: se tomó dinero de estos fondos a carácter personal, carácter de préstamo, y destinaba a otras obras también que estaba como fiduciario. La investigación comenzó por denuncias de las personas que se sintieron defraudadas”.

Qué dice la imputación

El 13 de agosto, Ramírez Montrull remitió la causa a juicio con una imputación que abarca el período comprendido entre el 27 de mayo de 2013 y el 25 de febrero de 2021. Schonfeld actuaba como fiduciario del “Fideicomiso de Administración e Inversión Inmobiliaria Edificio Feliciano 144”, en Paraná, constituido por contrato del 27 de mayo de 2013.

El requerimiento sostiene que, en violación a las obligaciones de su cargo y abusando de la confianza depositada en él, realizó actos de administración y disposición que perjudicaron los bienes fideicomitidos y le reportaron beneficios personales. Entre los incumplimientos que se le atribuyen figuran no haber conservado ni custodiado los bienes, no haber confeccionado el proyecto constructivo y económico-financiero, no haber rendido cuentas mensuales ni finales, no haber depositado los fondos en cuentas bancarias del fideicomiso, no haber llevado cuentas separadas por inversor y no haber registrado ingresos y gastos en libros contables.

La imputación también menciona gastos sin documentación de respaldo, falta de pago de obligaciones tributarias y una confusión patrimonial entre el fideicomiso Edificio Feliciano 144, el patrimonio personal de Schonfeld y otro fideicomiso que administraba, el Clementina, ubicado en San Luis y Victoria.

Otro punto central es su renuncia como fiduciario el 25 de febrero de 2021, sin aviso a los inversores y sin brindar informes de gestión ni rendir cuentas, después de haber recibido la totalidad del dinero de la inversión y de las ventas de las unidades.

El texto fiscal añade que generó una deuda comercial con el Corralón El Federal, de Grecca Daniel Alfonso, por la provisión de materiales, reconocida en un convenio del 12 de junio de 2019 por $1.242.064,42. Esa deuda derivó en la causa civil “Grecca Daniel Alfonso c/Schonfeld Leonardo Augusto s/Monitorio Ejecutivo” y terminó siendo afrontada por los fiduciantes. Los derechos litigiosos fueron cedidos luego a Nicolás de Santis, Luis Alberto Lescano y Guillermo Luis Aleman, un tercio para cada uno, por un total de $1.750.000.

También se le atribuye un pasivo concretado por sentencia judicial del 2 de diciembre de 2020 por $11.897.778,75, dictada por el Juez Civil y Comercial N°5 en los autos “Poletti Alicia Teresita c/Schonfeld Leonardo Augusto s/Ordinario Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios”. Esa sentencia hizo lugar a la demanda de la fiduciante inversora Alicia Teresita Politti.

Los números del perjuicio

La Fiscalía calculó un perjuicio total para los fiduciantes inversores y adquirentes de $12.490.754,60 a valores históricos, suma que surge de $11.925.754,60 recibidos por departamentos y $565.000 por cocheras.

Entre los perjuicios detallados se menciona el pago de deudas con fondos del fideicomiso Feliciano 144 que Schonfeld había asumido con el ingeniero Beltrán Uranga por honorarios profesionales, cálculos de estructura y tareas de pilotaje realizadas en el fideicomiso Clementina. Según la imputación, simuló el ingreso de fondos de Uranga como aportes al Feliciano 144 y, a cambio de esa deuda, le adjudicó tres unidades funcionales: sexto piso departamento D, sexto piso departamento C y segundo piso departamento D.

También se le atribuyen préstamos en efectivo con dinero del fideicomiso sin informar destino, beneficiarios ni condiciones, ni acreditar el reingreso de los fondos. Se detallan préstamos a Torre I por $161.000, préstamos otorgados a sí mismo anotados como “Queco” por $83.200 y un préstamo a “Salta” por $60.000, lo que totaliza $304.000 a valores históricos.

La imputación suma inconsistencias en contratos por un mismo objeto, como el boleto de compraventa del 24 de mayo de 2013 con Analía Haydee Davoli por la propiedad de calle Feliciano 144, donde se consignó un valor de venta de $1.400.000 pero en la cláusula 4 la vendedora adquiría cuatro unidades y dos cocheras por $1.200.000. Luego, el 7 de junio de 2013, se firmó otro boleto con Analía Haydee Davoli y Javier Hugo Davoli por unidades del primer y quinto piso con dos cocheras, por $600.000. Y en la escritura N° 102 de cancelación de usufructo y compraventa, del mismo 7 de junio, Davoli vendió a Schonfeld como fiduciario el inmueble de Feliciano 144 por $590.000.

El requerimiento también señala la adjudicación de una misma unidad funcional y la venta de las mismas cocheras a distintas personas, lo que tornó litigiosos los derechos de los contratantes. Y menciona que Schonfeld aceptó que la fiduciante originaria Claudia María del Carmen Bolzán cediera derechos sobre unidades del piso cuarto cuando era titular de las del quinto piso A, B, C y D. Esas cesiones fueron a Luciana Gisele Solaro (departamento piso 4° D, el 15 de mayo de 2017), a Miguel Ángel Abud (piso 4° B, el 19 de junio de 2017) y a José Oscar León (piso 4° A, el 12 de septiembre de 2016).

Por último, la imputación sostiene que vendió seis cocheras que no contaban con autorización municipal: solo se habían autorizado 14 y se vendieron 20. Todo eso, según la Fiscalía, causó un perjuicio a fiduciantes y compradores por la inejecución de la obra en el plazo pactado, con al menos un 40% pendiente de ejecución.

La Fiscalía encuadró la conducta como “Defraudación fiduciaria” y sostuvo en su requerimiento: “Se encuentra demostrado que Schonfeld perjudicó los bienes que se encontraban bajo su administración. Llevó adelante maniobras defraudatorias mediante actos infieles y abusivos de la confianza depositada en él por medio de los actos jurídicos constitutivos y complementarios del fideicomiso, resultando así menoscabados los derechos patrimoniales que tenía el deber legal de administrar, de obrar con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios”.

El pedido de condena es de cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo. Mientras tanto, la audiencia de remisión a juicio sigue sin fecha definida y el decreto de designación como fiscal auxiliar de Villa Paranacito continúa sin firmarse.