El polémico plan de Bullrich que habilita desalojos exprés y libera el fuego en tierras protegidas

La senadora Patricia Bullrich volvió a encender la polémica al respaldar los desalojos exprés de 'usurpadores' con una foto de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, el mismo territorio donde desapareció Santiago Maldonado. Pero lo que no dice es que esa comunidad ya fue absuelta de todos los cargos.

El proyecto de 'Inviolabilidad de la Propiedad Privada' que impulsa la administración Milei no solo amenaza con acelerar las expulsiones, sino que también propone una reforma clave a la ley de manejo del fuego. ¿El objetivo? Habilitar los incendios clandestinos y allanar el camino para los negociados inmobiliarios.

La mentira detrás de la foto

Patricia Bullrich compartió en su cuenta de X una imagen de la Pu Lof en Resistencia Cushamen para ilustrar su apoyo a los desalojos. La insinuación era clara: los ocupantes habrían cometido el 'delito de usurpación'. Sin embargo, en 2019, la jueza de Esquel Carina Estefanía absolvió a todos los integrantes de la comunidad que habían sido acusados por la propia Bullrich de ser terroristas.

En un reportaje de Página/12, la magistrada reveló que la persecución no tenía fundamento: 'Durante todo el juicio estuve muy expectante para ver qué pasaba con la RAM, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio y no encontraba nada'. De las 96 causas que Bullrich mencionó en su informe de diciembre de 2017, 18 eran específicamente contra esta comunidad.

¿Qué hay detrás de la reforma a la ley de incendios?

La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) envió una carta a Victoria Villarruel y a los legisladores alertando sobre el riesgo sistémico del proyecto. La reforma eliminaría la protección actual sobre humedales, pastizales y otros biomas, dejándolos expuestos al cambio de uso de suelo después de un incendio.

Hoy, la ley 26.815 prohíbe esa práctica en todos los ecosistemas, pero la nueva propuesta solo protegería los bosques nativos. Según la RAFA, esto 'infringe el Principio de No Regresión' y actúa como 'un subsidio indirecto al uso del fuego como herramienta de clearing'. Además, omiten la participación de la comunidad científica, violando el Acuerdo de Escazú.

El punto más grave: los plazos de 30 y 60 años que impedían el beneficio económico de la quema desaparecerían. 'El fuego clandestino dominaría al Derecho', advirtieron desde la organización.

Mientras tanto, Bullrich ya puso en marcha el Comando Unificado de Seguridad Productiva para blindar los activos estratégicos del poder económico. La pregunta es: ¿hasta dónde llegarán para entregar el territorio?