El poder que nunca se va: el legislador que quiere destituir a cuatro jueces contó por qué

El presidente del bloque Vamos con Todos en la Legislatura de Río Negro, José Luis Berros, redobló la apuesta contra el Poder Judicial y ratificó que su espacio impulsa el juicio político a cuatro vocales del Superior Tribunal de Justicia. Según el legislador, las resoluciones del máximo tribunal dejan a la vista una «subordinación» al gobierno de Alberto Weretilneck.

En diálogo con FM de la Costa, Berros fue categórico: «Estamos hablando de una justicia totalmente adicta al poder político». La frase resume el eje de una embestida que su bloque viene sosteniendo junto a Cambia Río Negro y que ahora apunta también a otros nombres del sistema judicial.

Juicio político y denuncias: dos caminos en paralelo

Las presentaciones no transitan el mismo carril. El pedido de juicio político contra los cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia debe resolverse en la Legislatura. En cambio, las denuncias contra el juez Adrián Zimmermann y el fiscal jefe Hernán Trejo fueron dirigidas al Consejo de la Magistratura.

Berros no se quedó solo en los cuatro vocales: también apuntó contra otros integrantes del Poder Judicial y puso el foco en cómo se mueven los expedientes según quién esté sentado en el banquillo o quién aparezca mencionado.

La causa Gennuso y las amenazas a Santos

El legislador cuestionó el recorrido de la causa Gennuso y el cambio de enfoque penal que se produjo después de pronunciamientos favorables al exintendente. Además, mencionó el archivo de las amenazas contra Santos y su familia.

Con esos ejemplos, Berros sostuvo que la Justicia funciona de manera selectiva: insiste sobre determinados expedientes y, en cambio, no investiga cuando aparecen elementos vinculados con el oficialismo.

«Pasan los gobernadores, ellos quedan»

La crítica del legislador también alcanzó la estabilidad de los cargos judiciales. «Pasan los legisladores, pasan los gobernadores, pasan los intendentes, pasan los concejales», enumeró, para contrastar con la permanencia de los magistrados en sus puestos.

En esa línea, recordó su iniciativa para fijar un límite de diez años en la función judicial y puso en discusión la legitimidad de un sistema que conserva a sus integrantes mientras cambia la representación elegida por la ciudadanía.

«Es el poder menos democrático y es el poder donde uno sabe cuándo ingresa al Poder Judicial, siendo juez, fiscal y demás, pero nunca sabes cuándo te vas», disparó Berros. Y sumó: «Hay algunos que se fueron, como se dice en el barrio, con las patas para adelante. Entonces estamos ante una cuestión de un poder monárquico. Yo insisto con esta palabra: son monárquicos».

El tiempo de los expedientes

El otro eje de su argumento es la demora. «Cuando la justicia tiene causas que tienen más de 10 años deja de ser justicia», afirmó. Y describió el doble perjuicio que genera esa dilación: «Ni para el que está siendo acusado ni para el damnificado».

Para Berros, esa demora deja a ambas partes atadas a un poder que administra el proceso sin ofrecer una resolución, mientras los responsables de conducirlo permanecen en sus cargos sin plazo fijo.