El Poder Judicial de Santa Cruz pide $107.666 millones extra y el Tesoro Provincial tendría que cubrir casi todo
El Poder Judicial de Santa Cruz pide $302.944 millones para 2027, pero Economía solo habilitó una parte. El Tribunal Superior reclama $107.666 millones extra y advierte que sin ese adicional no alcanza ni para cubrir los gastos que no se pueden postergar.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz elevó a la Legislatura un anteproyecto de Presupuesto 2027 que asciende a $302.944.179.492. La cifra implica un salto nominal del 89,4% frente a los $159.986.937.606 que la provincia le asignó al Poder Judicial para 2026.
El dato que recorre todo el documento es que la cantidad de cargos no se mueve: siguen siendo 2.849, los mismos que figuran en el Presupuesto 2026, con 2.599 permanentes y 250 temporarios. El mayor gasto, entonces, no viene por sumar empleados.
Un presupuesto partido en dos: techo y sobretecho
El esquema presentado por el Tribunal Superior que preside el Dr. Gabriel N. Contreras Agüero tiene dos componentes. Por un lado, $195.277.333.242 ajustados al techo que comunicó el Ministerio de Economía. Por el otro, $107.666.846.250 reclamados como sobretecho.
Traducido: con el límite fijado por Economía, el Poder Judicial accedería a alrededor del 64,5% de los recursos que considera necesarios. El 35,5% restante queda supeditado a que se habilite el crédito adicional.
Personal: más gasto, misma planta
El Inciso 1, Gastos en Personal, es la partida principal del anteproyecto: $285.069.126.376. En 2026, el mismo concepto había recibido $155.632.133.530. La diferencia nominal ronda los $129.437 millones, un 83,2% más.
Como la planta no cambia, el crédito anual por cargo pasa de unos $54,6 millones en 2026 a $100,1 millones en 2027. Es una aproximación presupuestaria, no un salario individual: el cálculo abarca todas las obligaciones del Inciso 1.
El anteproyecto divide el gasto de personal en $189.136.350.000 dentro del techo y $95.932.776.376 de sobretecho. El monto que ya entra en el techo supera en aproximadamente 21,5% todo el gasto en personal aprobado para 2026. Y el adicional reclamado equivale a casi 61,7% de ese mismo gasto.
La fundamentación del Tribunal Superior ata la proyección salarial a los acuerdos paritarios vigentes y a las equiparaciones derivadas de disposiciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La estructura de recursos humanos proyectada queda así: 2.599 cargos de planta permanente, 250 de planta contratada, 2.849 en total. Para la permanente se proyectan $182.018,2 millones; para la contratada, $7.118,2 millones; y el Inciso 1 completo, sumando techo y sobretecho, llega a los $285.069,1 millones.
Servicios e infraestructura: el salto que más llama la atención
Los salarios explican la mayor parte del presupuesto, pero el crecimiento no se agota ahí. Los Bienes de Consumo pasan de $782,1 millones a $984,4 millones (+25,9%). Los Servicios No Personales trepan de $2.239,7 millones a $4.716,1 millones, más del doble: +110,6%.
El mayor salto porcentual aparece en Bienes de Uso, que incluyen equipamiento e infraestructura: de $1.333 millones en 2026 a $12.174 millones en el anteproyecto 2027, un incremento nominal superior al 813%.
La explicación está en un programa de obras que en 2026 no tenía dimensión comparable. Según la fundamentación del sobretecho, el techo original para Bienes de Uso era de apenas $990 millones, mientras que el Poder Judicial calculó necesidades de infraestructura por aproximadamente $9.426,9 millones dentro del módulo adicional.
Entre las obras previstas figuran la reconstrucción de la Cámara Criminal de Río Gallegos, la construcción de los juzgados de Familia N° 1, 2 y 3, ampliaciones en El Calafate y Río Gallegos, y nuevos edificios judiciales en Las Heras, Puerto Deseado, Los Antiguos y otras localidades. En 2026, la distribución analítica contemplaba apenas un proyecto de Obras Menores por $350 millones financiado con Recursos con Afectación Específica.
El financiamiento cambia de raíz: el Tesoro Provincial carga con casi todo
El Presupuesto 2026 del Poder Judicial se financiaba con $127.537,7 millones del Tesoro Provincial, $2.520 millones de Recursos con Afectación Específica y $29.929,3 millones de Crédito Interno.
Para 2027, el anteproyecto plantea $299.438,7 millones de la Fuente 11 (Tesoro Provincial) y $3.505,5 millones de la Fuente 13, sin crédito interno. El financiamiento desde el Tesoro crecería alrededor de 134,8%, mientras que los recursos con afectación específica suben 39,1%.
El cambio pesa: el crédito interno que representaba casi una quinta parte del presupuesto judicial 2026 desaparece del esquema 2027. En términos relativos, el Tesoro Provincial pasa a sostener prácticamente todo el presupuesto solicitado.
Recursos propios: más ingresos, pero con una advertencia
El Poder Judicial estima para 2027 ingresos por $3.505.505.555 vía Recursos con Afectación Específica. De ese total, $3.251.372.192 corresponden al Fondo del Poder Judicial (tasas, multas e ingresos) y $254.133.363 a intereses por depósitos en moneda nacional.
Sin embargo, el Tribunal Superior advierte que la capacidad de generar esos recursos se vio afectada por la Ley Provincial 3935, que retiró de la Justicia de Paz funciones vinculadas con el juzgamiento y cobro de infracciones de tránsito en rutas provinciales y nacionales. La consecuencia, según el TSJ, es que esa pérdida de recaudación es permanente y que una mayor proporción del financiamiento deberá salir del Tesoro Provincial.
El sobretecho, el corazón del reclamo
El punto político y financiero más fuerte del anteproyecto es el pedido de $107.666.846.250 adicionales. El Poder Judicial sostiene que el techo comunicado por Economía no alcanza para cubrir las necesidades mínimas que garanticen el servicio de justicia.
Según la fundamentación del Tribunal Superior, las reducciones respecto de las necesidades calculadas llegan al 33,65% en Personal, 67,03% en Bienes de Consumo, 53,32% en Servicios No Personales y 90,70% en Bienes de Uso.
El reclamo se apoya en gastos con poca capacidad de postergación: alquileres de edificios judiciales, servicios públicos, conectividad, licencias de sistemas informáticos, mantenimiento de equipamiento y obligaciones salariales.
La diferencia con 2026 es contundente: ese año el Poder Judicial recibió un crédito total de $159.986,9 millones, mientras que para 2027 presenta una necesidad total de $302.944,2 millones.
Más causas, laboratorio forense y el proceso electoral
El crecimiento también se explica por las metas físicas para 2027. El Programa 16, de Servicio de Justicia, proyecta 38.000 causas iniciadas y 17.000 terminadas. El Programa 17, de Servicio de Investigación Forense, prevé 2.500 prestaciones de análisis y muestras de laboratorio a través del Laboratorio Regional de Investigación Forense.
Se suman objetivos de modernización y digitalización, expansión y mantenimiento edilicio, perspectiva de género, atención del crecimiento de causas de violencia familiar y de género, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y cobertura técnica del laboratorio forense. También figura entre las prioridades el desarrollo del proceso electoral en la provincia, una obligación específica para el Poder Judicial durante 2027.
La comparación, número por número
Presupuesto total: de $159.986,9 millones a $302.944,2 millones (+89,4%). Gastos en personal: de $155.632,1 millones a $285.069,1 millones (+83,2%). Bienes de consumo: de $782,1 millones a $984,4 millones (+25,9%). Servicios no personales: de $2.239,7 millones a $4.716,1 millones (+110,6%). Bienes de uso: de $1.333,0 millones a $12.174,0 millones (+813% aproximado). Cargos: 2.849 en ambos ejercicios (0%). Tesoro Provincial: de $127.537,7 millones a $299.438,7 millones (+134,8%). Recursos con afectación específica: de $2.520,0 millones a $3.505,5 millones (+39,1%). Crédito interno: de $29.929,3 millones a $0 (-100%).
Los valores de 2026 corresponden al Presupuesto General aprobado por Ley 3987 y sus planillas anexas. Los de 2027, al anteproyecto presentado por el Poder Judicial.
Qué muestra la comparación
Primero: no hay expansión de la planta. Los cargos siguen en 2.849, pero el crédito para financiarlos sube de manera considerable. Segundo: el mayor peso del incremento está en salarios e infraestructura. Personal concentra $285.069 millones, cerca del 94,1% del presupuesto total solicitado, mientras que Bienes de Uso pasa a representar alrededor del 4%.
Tercero: el esquema 2027 depende mucho más del Tesoro Provincial. Mientras en 2026 una parte importante del presupuesto judicial se asociaba al crédito interno, el anteproyecto 2027 coloca $299.438,7 millones sobre la Fuente 11.
Y cuarto: el presupuesto ajustado al techo de $195.277,3 millones ya sería superior en aproximadamente 22,1% al presupuesto total aprobado para 2026, pero todavía quedaría $107.666,8 millones por debajo de la necesidad total planteada por el Tribunal Superior.
Por eso, la discusión que llegará a la Cámara de Diputados no será solo sobre un aumento presupuestario. Será, principalmente, sobre cuánto de los compromisos salariales, las nuevas necesidades operativas y el plan de infraestructura del Poder Judicial deberá absorber el Tesoro Provincial durante 2027.
El Presupuesto 2026, aprobado mediante la Ley 3987, fijó para toda la Administración Pública Provincial gastos por $3,244 billones y recursos por $2,905 billones, con un resultado financiero deficitario estimado en $339.820 millones. La misma ley estableció los 2.849 cargos del Poder Judicial y contempló mecanismos de financiamiento mediante crédito público para el conjunto de la Provincia.
En el caso del Poder Judicial, el anteproyecto 2027 combina mayor gasto en personal sin aumento de cargos, fuerte expansión de la inversión en infraestructura y una creciente dependencia del Tesoro Provincial, mientras el organismo reclama que el techo presupuestario comunicado por Economía resulta insuficiente para cubrir esas necesidades.
(Fuente: Anteproyecto elevado a la Legislatura / Ley Provincial N.° 3987 - Presupuesto General de la Administración Provincial para 2026, publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz, Boletín N.° 6069, el 6 de enero de 2026)