El Poder Judicial de Formosa les descuenta el sueldo a los que hicieron paro, pero adentro de los juzgados hay algo peor

La decisión del Superior Tribunal de Justicia de Formosa de aplicar quitas salariales por los días de paro encendió la mecha en la Asociación Judicial, que ratificó nuevas medidas de fuerza y advirtió por el deterioro de las condiciones laborales en los juzgados.

En diálogo con el programa Algo Está Pasando, que se emite por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, la secretaria general del gremio, Fátima Gutiérrez, trazó un panorama crudo sobre los ingresos del sector y la brecha que se profundizó entre la cúpula de magistrados y los empleados de base.

«No alcanzan la canasta básica»

Gutiérrez fue directa al describir la situación de los trabajadores de las categorías más bajas: «Estamos parados ante una realidad en la que mis compañeros de las primeras categorías no están alcanzando la canasta básica familiar, lo que genera un nivel de endeudamiento bastante alto. Se hace realmente muy complicado cumplir con las responsabilidades familiares cuando los ingresos son tan bajos».

La dirigente sindical detalló que los aumentos otorgados en el último período, fijados de manera unilateral, quedaron muy lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo. «Recibimos una mejora de 20.000 pesos por mes en las categorías más bajas y de 40.000 pesos en las máximas. Entendemos que es una cifra irrisoria en relación a los costos de nuestro día a día, de tener que cumplir con ocho horas de trabajo con dedicación exclusiva y bloqueo de título», remarcó, y recordó que la única actividad complementaria permitida por ley para los agentes judiciales es la docencia.

El descuento que desató el repudio

La gota que rebalsó el vaso fue el Acuerdo N° 3299, mediante el cual el STJ dispuso sanciones económicas para quienes ejerzan el derecho a huelga. Para Gutiérrez, la reacción del tribunal fue llamativamente rápida: «Repudiamos la orden de descuento que salió por parte del Superior Tribunal. Estamos prácticamente ingresando al mes de octubre, son las primeras medidas de fuerza que llevamos adelante y ante el primer atisbo ya ordenaron descontar las horas no laboradas. Nos resulta bastante fuerte cuando saben perfectamente que estamos trabajando con sueldos muy bajos y con muchas exigencias».

La secretaria general también alertó sobre un fenómeno que se agrava en los juzgados y dependencias administrativas: «Estamos en presencia de compañeros que renuncian al Poder Judicial cuando se dan cuenta de lo que reciben por estar todo el día trabajando bajo un sistema reglamentario muy estricto que no se replica en el resto de la administración pública».

La brecha que nació en 2024

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a la distorsión que, según el gremio, se produjo desde 2024 en la estructura salarial del Poder Judicial. De acuerdo con Gutiérrez, el STJ otorgó incrementos significativos a ministros y magistrados mediante asignaciones cuya cuantía no es pública, desvinculando ese ajuste de la escala porcentual del escalafón general.

«Desde 2024 se produce esta brecha tan importante a raíz de una suma que se otorgaron los ministros y magistrados. Si bien es remunerativa, es reservada; no conocemos el monto exacto, pero sabemos que les duplica el sueldo y que no se trasladó proporcionalmente al resto. Nosotros no cuestionamos que los jueces ganen bien por la responsabilidad que ejercen, pero tenemos un sistema de porcentualidad, nuestra ley de enganche, que establece los coeficientes a partir del sueldo del ministro. Eso es lo que se está desconociendo», sostuvo.

Hoy, un trabajador que recién ingresa a la administración de justicia percibe una suma ajustada para alcanzar el piso salarial provincial, más un complemento adicional, que ronda 1.300.000 pesos. La cifra queda muy lejos de los ingresos que se estiman en los niveles superiores.

El plan de lucha sigue

Pese a las advertencias de nuevas quitas, el gremio ratificó el plan de acción votado en asamblea por los afiliados. Las medidas incluyen el retiro del puesto de trabajo a partir de las 10 de la mañana con marcado de tarjeta, y la reanudación de tareas el lunes siguiente, con guardias mínimas garantizadas para la atención de causas urgentes.

«Nosotros no vamos a volver atrás sobre nuestros pasos; la medida ya está resuelta por asamblea. Creemos que la comunidad va a ser comprensiva de lo que nos está pasando porque no es algo injusto lo que estamos pidiendo», concluyó Gutiérrez, que convocó a los trabajadores judiciales a una nueva asamblea el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la sede administrativa de la entidad para definir los próximos pasos.