El plan que promete terminar con los sustos por caída de árboles en Corrientes
¿Cansado de los sustos por las ramas que caen en las tormentas? La ciudad de Corrientes planea un cambio histórico en el cuidado de sus árboles. Conocé todos los detalles de la nueva ordenanza que promete prevención y protección de las abejas.
La ciudad de Corrientes podría estar a punto de decirle adiós a las intervenciones de emergencia por caída de árboles. Un proyecto de ordenanza, que ya se analiza en el Concejo Deliberante, propone un cambio radical en la gestión del arbolado urbano, priorizando la prevención.
¿Qué propone la nueva ordenanza?
La iniciativa, impulsada por la concejal Sandra Olivera (Coalición Cívica ARI), busca reemplazar el actual modelo reactivo por un sistema de planificación preventiva. El objetivo es reducir los riesgos que generan las tormentas intensas y las ráfagas de viento, cada vez más frecuentes en la región.
El proyecto crea el “Protocolo de Mitigación de Riesgo, Despeje Operativo del Arbolado Urbano y Control de Especies Fitotóxicas Invasoras”, que complementará la ordenanza vigente. Este protocolo establece cuatro ejes de trabajo obligatorios: un censo fitosanitario permanente, poda preventiva estacional, coordinación con empresas de servicios y control de especies exóticas.
La clave está en un censo georreferenciado anual que detectará árboles con problemas estructurales antes de que sea tarde. Según explicó la edil, “a partir de esa información se definirán las intervenciones necesarias y, en los casos en que un árbol presente un riesgo irreversible de colapso, se autorizará su extracción con la correspondiente reposición mediante especies nativas de mayor estabilidad”.
¿Qué pasa con los vecinos y las emergencias?
El proyecto también contempla situaciones de urgencia. Si un árbol frente a una vivienda representa un peligro inminente, el propietario podrá solicitar una autorización de trámite rápido para intervenir por sus propios medios, siempre bajo las indicaciones técnicas del municipio y a través de canales oficiales como la Línea 147 o el sistema MuniBot.
Además, se establece un calendario de poda diferenciado: entre mayo y agosto se hará la poda estructural, para corregir el crecimiento y reducir la resistencia al viento; entre noviembre y marzo, la poda verde, enfocada en el mantenimiento y el despeje de luminarias, cámaras y semáforos. En todos los casos, las intervenciones no superarán el veinte por ciento del follaje.
El fin de las podas salvajes
Uno de los puntos más conflictivos es la relación entre los árboles y las redes eléctricas. El proyecto establece que las empresas prestatarias ya no podrán podar por decisión propia. Toda intervención deberá contar con autorización municipal y supervisión técnica, y se prohíben prácticas como la “poda en V” o los desmochados severos, que aumentan el riesgo de caídas futuras.
También se busca proteger la inversión en luminarias LED. La Dirección de Alumbrado podrá informar digitalmente los puntos donde las copas bloquean la luz, y el área competente deberá intervenir en un plazo máximo de diez días hábiles, priorizando las zonas más vulnerables.
Un capítulo inesperado: la protección de las abejas
La propuesta incluye una medida innovadora para proteger a los polinizadores. Se pone especial atención en el Tulipanero Africano (Spathodea campanulata), una especie exótica cuyas flores, según investigaciones de la Universidad Nacional del Nordeste y el CONICET, provocan una elevada mortalidad en abejas melíferas y nativas.
Por eso, se propone prohibir la producción, comercialización, donación y plantación de nuevos ejemplares en espacios públicos y privados. Para los árboles existentes, se implementará un régimen de podas preventivas antes y durante la floración, para impedir la apertura de los botones florales y reducir el impacto sobre los polinizadores.
Finalmente, se priorizará la plantación de especies nativas en toda nueva forestación o reposición, y se creará un registro digital que integrará toda la información del censo y los pedidos de los vecinos, para un seguimiento más eficiente.
Con este proyecto, Corrientes busca un modelo de gestión del arbolado que combine criterios ambientales, científicos y de seguridad pública, adaptándose a las condiciones climáticas actuales y protegiendo tanto el patrimonio forestal como la biodiversidad.

