El plan que promete reactivar San Antonio Oeste y ya despertó una guerra política

Una empresa privada quiere quedarse con casi 300 hectáreas públicas para desarrollar parques industriales en San Antonio Oeste y el puerto de San Antonio Este. El proyecto ya tiene luz verde del Concejo Deliberante, pero la oposición y los colegios profesionales salieron a cruzarlo.

La firma Sur Infraestructura y Servicios SA presentó una iniciativa que incluye 258 hectáreas para el Parque Industrial de SAO y cerca de 40 para el parque de servicios logísticos en el puerto. El plan contempla la venta de lotes por parte de la empresa, con una inversión que promete mover la economía local.

¿Qué dice el municipio?

Cristian Berbel, secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, defendió el proyecto: "El 23% del valor fiscal de la tierra será para el municipio", aseguró. Además, la empresa se haría cargo de la remediación del basural y de la infraestructura del parque industrial existente.

El funcionario estimó que "para la primera etapa recibiríamos unos 4.500 millones de pesos y entregamos tierras por valor de 1.600 millones". También remarcó que se establecerá un 80/20 para la incorporación de personal, con control municipal.

"No le damos la tierra a alguien para que haga un negocio, sino que nos favorece a todos", sentenció Berbel.

Las críticas de la oposición

Matías Rodríguez, concejal de Cambia Río Negro, fue uno de los más duros. Cuestionó que el proyecto "es desprolijo" y que se aprobó por declaración de interés cuando "siempre sacó estos temas por ordenanza".

El edil también apuntó contra el pago de canon: "No existe, se fija un valor fiscal de las tierras de fomento, pero el precio fiscal está devaluado, y recién van a pagar después de la venta de los terrenos, sin fecha cierta de pago".

Rodríguez pidió "volver a foja cero" y que "los inversores vengan al Concejo" para adecuarse a la normativa existente.

Rechazo político y profesional

Ocho agrupaciones políticas locales expresaron su "más enérgico rechazo" al proyecto. Argumentaron que pone en juego casi 300 hectáreas de tierra pública y que hipoteca "el desarrollo y el futuro de las próximas generaciones".

Además, señalaron que la iniciativa no cumple con la Carta Orgánica Municipal, el Código de Ordenamiento Territorial y la Ordenanza N° 3723 sobre Iniciativa Privada. También omiten que la Península Villarino está dentro del Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

El Consejo Profesional de Ingenieros Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de Río Negro advirtió que el proyecto "hipotecaría a futuro" la posibilidad de que el Estado determine políticas públicas sobre esas tierras estratégicas.

El Colegio de Martilleros fue más contundente: la propuesta ingresó el 17 de marzo de 2026, pero la empresa se constituyó recién el 16 de abril. "Al momento de formalizar el trámite, la empresa simplemente no existía legalmente", denunciaron.